Durante la audiencia “Situación de las personas deportadas, expulsadas o trasladadas en el contexto de la movilidad humana”, en las instalaciones de la Comisión Nacional Interamericana de Derechos Humanos (CNIDH), al menos 22 organizaciones regionales expusieron las operaciones de la administración de Estados Unidos mediante las cuales realizan deportaciones y traslados forzados a personas solicitantes de asilo en países externos a su origen.
Señalan que los protocolos que realizan no ofrecen garantías mínimas de seguridad ni protección, por el contrario ponen en riesgo su integridad sin respetar sus derechos.
Ejemplo de estas situaciones son las cifras de México, donde entre el 20 de enero y el 31 de diciembre de 2025 se deportaron casi 13,000 personas de terceras nacionalidades, 23% mujeres y 690 niñas, niños y adolescentes, sin que se tuviera información previa sobre sus procesos legales.
Los mecanismos establecidos por Estados Unidos obligan a los países receptores a gestionar a una población para la cual no tiene infraestructura ni sistemas de asilo funcionales.
Frente a esta situación las organizaciones hacen un llamado a la CNIDH para:
1. Generar un documento Técnico y Operativo que respete sus derechos humanos en los países que han firmado estos acuerdos y los obligue a rendir cuentas.
2. Solicitar a la Corte Interamericana una interpretación sobre la legalidad de estas expulsiones
3. Realizar visitas in situ para analizar las condiciones de detención y garantizar que no se sigan produciendo devoluciones en cadena.