Senadores del PAN y PRI advirtieron sobre los riesgos del Plan B que enviará la presidenta Claudia Sheinbaum al Congreso este lunes sobre todo insertar la revocación de mandato en las elecciones del 2027 pero también las consultas que pretende establecer para legalizar los temas electorales.
La senadora del PRI, Claudia Anaya consideró que meter los temas electorales a consulta en este plan B, lo que busca es llevar de nuevo la desaparición de plurinominales o su método de elección a una consulta popular lo que sería una trampa para salirse con la suya pues ya se sabe la respuesta.
Esto –agregó--sería tanto como preguntar al pueblo si quiere o no pagar impuestos o incluso que haya o no dinero para el INE o los partidos, lo que representaría una trampa para salirse con la suya.
Anaya, también criticó la insistencia de la presidenta Sheinbaum de introducir la revocación de mandato en las elecciones intermedias del 2027 donde se renovará la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas, y advirtió que ello provocaría inestabilidad política.
Recalcó que esta figura en la realidad mexicana solo generaría inestabilidad política y acabaría imponiendo en caso de remoción de la presidenta o presidente en turno, a una persona emanada del mismo partido gobernante, lo que nulifica el objetivo de la revocación, que es cambiar de rumbo al país.
También consideró que la insistencia de reducir el presupuesto de los partido, si no es parejo, solo generaría ventajas y distorsiones en la competencia democrática.
El partido mayoritario—explicó-- no solo recibe más dinero, sino que cuenta con los recursos y la acciones de gobierno y en este caso con dinero de dudosa procedencia o abiertamente del crimen organizado para financiar sus campañas.
A su vez, el l senador del PAN, Mario Vázquez advirtió que cualquier intento de regulación o intromisión del Gobierno Federal a través del Plan B en la organización interna de estados y municipios representa un riesgo directo para el federalismo y la autonomía de las entidades federativas.
Señaló que, aunque en determinado momento puedan respaldar medidas orientadas al ahorro del presupuesto, el gobierno federal no debe decidir sobre la estructura o funcionamiento de los congresos locales o de los gobiernos estatales o municipales.
Alertó sobre la posibilidad de que las modificaciones legales a las leyes secundarias puedan invadir competencias estatales o incluso contradecir a la misma Constitución, lo que podría generar incertidumbre jurídica e incluso política.
Indicó que cualquier cambio al sistema electoral debe hacerse con diálogo que integre a la sociedad organizada, partidos políticos, organismos electorales, especialistas, pero sobre todo respetando la autonomía de los estados.