La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS), hizo un pronunciamiento público en el que pidió establecer una regulación jurídica vinculante para las plataformas digitales con el fin de frenar la violencia contra las mujeres en internet.
El posicionamiento surge tras el anuncio del primer acuerdo de colaboración voluntaria con plataformas digitales para combatir la violencia en el ámbito digital, que fue presentado el 11 de marzo durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El acuerdo fue firmado por el Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), junto con empresas tecnológicas como Google, Meta Platforms y TikTok.
De acuerdo con el PUEDJS, aunque el acuerdo representa un avance en el reconocimiento de la violencia en internet, resulta insuficiente frente a la magnitud del problema, pues los compromisos voluntarios no generan obligaciones exigibles ante tribunales, carecen de mecanismos de verificación independiente y no contemplan sanciones legales en caso de incumplimiento.
El organismo académico advirtió que delegar a las corporaciones la decisión sobre cuándo y cómo actuar, perpetúa una asimetría de poder que fortalece el modelo de autorregulación de las plataformas mientras reduce su rendición de cuentas.
Especialistas del Tlatelolco Lab (laboratorio de investigación del PUEDJS), señalaron que la violencia digital dirigida contra las mujeres no es únicamente resultado de conductas individuales, sino más bien, una problemática estructural que las plataformas pueden incentivar o amplificar mediante sus sistemas algorítmicos.
Entre las formas más comunes de violencia en línea mencionaron hostigamiento coordinado, difusión no consentida de imágenes íntimas, acoso sistemático y las campañas de odio, prácticas que —según el laboratorio— suelen evadir los mecanismos de moderación de contenido y, en algunos casos, se ven amplificadas por la lógica de viralización de las propias redes sociales.
Ante este panorama, subrayan que la protección de las mujeres frente a la violencia digital no puede depender únicamente de acuerdos voluntarios ni de la discrecionalidad de las empresas tecnológicas. Por ello, llamó a construir un marco regulatorio con fuerza de ley que establezca obligaciones claras para las plataformas digitales, entre ellas protocolos de atención expedita a denuncias, mecanismos verificables de remoción de contenido violento, transparencia en la moderación de publicaciones y responsabilidad legal para las empresas cuando se distribuyan materiales que vulneren los derechos de las mujeres.
El organismo también exhortó al Congreso de la Unión a legislar en materia de regulación de plataformas digitales con perspectiva de género, con el objetivo de garantizar la no discriminación y una vida libre de violencia en redes sociales, además recordó que estos principios han sido planteados previamente en su Decálogo de Derechos Digitales en Redes Sociales, donde se propone establecer límites claros a la violencia digital y fortalecer la protección de los derechos de las personas usuarias.