Después de una jornada de reuniones y negociaciones que se extendieron por más de doce horas, Morena y sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo acordaron avanzar juntos para respaldar el Plan B de la reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El acuerdo se concretó la madrugada del sábado 14 de marzo tras una serie de mesas de diálogo que se realizaron en la Secretaría de Gobernación. En esas conversaciones participaron representantes de los tres partidos, funcionarios del gobierno federal y asesores jurídicos de la Presidencia.
El senador Ignacio Mier (Morena) confirmó al final de las pláticas que la coalición decidió cerrar filas para apoyar la iniciativa; según explicó, el compromiso incluye a legisladores federales, congresos estatales, autoridades municipales y dirigencias partidistas.
“Plan B: vamos juntos todos, toda la coalición, a nivel estatal, a nivel municipal, congresos de los estados, el Congreso de la Unión y las dirigencias, Verde y el PT”, señaló el legislador.
Las reuniones estuvieron encabezadas por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y contaron con la participación de la consejera jurídica de la Presidencia, Esthela Damián, quien acompañó la revisión del documento.
El proceso de negociación duró un largo tiempo, durante el viernes, primero se realizaron encuentros entre integrantes de Morena y funcionarios del gobierno. Más tarde se sumó el Partido Verde y posteriormente representantes del Partido del Trabajo.
Cerca de las seis de la tarde se decretó un receso y por la noche continuaron las conversaciones hasta que finalmente se alcanzó el acuerdo entre las tres fuerzas políticas.
Horas antes de que concluyeran las negociaciones, el diputado Ricardo Monreal había llamado públicamente a los legisladores del Verde y del PT a respaldar la propuesta presidencial.
El legislador defendió el contenido de la iniciativa y aseguró que se trata de un plan prudente y cuidadosamente elaborado que no afecta el funcionamiento institucional.
También aclaró que la propuesta no contempla modificar la fecha de la elección judicial ni establecer juntas distritales temporales.
Mientras avanzaban las conversaciones, representantes del Partido Verde expresaron que veían con buenos ojos varios de los puntos del proyecto, especialmente los relacionados con la reducción de regidurías y los ajustes en los congresos locales.
El dirigente Arturo Escobar señaló que el país necesita revisar el funcionamiento de distintas estructuras gubernamentales para hacerlas más eficientes.
Según dijo, esa revisión debería abarcar tanto cabildos municipales como congresos estatales y el propio Senado.
Por su parte, representantes del Partido del Trabajo también participaron en las discusiones del documento.
El diputado Reginaldo Sandoval y el senador Benjamín Robles señalaron que su partido estaba dispuesto a revisar el articulado punto por punto para garantizar que hubiera coincidencias en la redacción final.
Robles explicó que el objetivo era evitar que la nueva iniciativa retomara puntos que el Congreso había descartado días antes, sobre todo en lo relacionado con los recursos públicos destinados a los partidos políticos.
Aun así, dejó claro que el PT mantiene su intención de acompañar al gobierno en este proceso.
“Nosotros venimos con el ánimo de sumarnos, de revisar punto por punto… les pedimos que nos den la oportunidad de seguir trabajando”, comentó.
El legislador agregó que su partido forma parte del proyecto político desde su origen y que seguirá respaldando a la presidenta.
“No somos invitados de última hora a la Cuarta Transformación, somos fundadores”, afirmó.
Paralelamente, los senadores de Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo difundieron un pronunciamiento conjunto para manifestar su apoyo total al Plan B.
En el documento, firmado por 67 senadores de Morena, 14 del Partido Verde y seis del PT, los legisladores señalaron que la reforma busca terminar con los privilegios que durante años han encarecido el sistema político del país.
Según explicaron, el objetivo es reducir gastos en congresos locales y estructuras municipales para que esos recursos puedan destinarse a programas sociales y obras públicas.
Los legisladores también defendieron que la propuesta no vulnera el federalismo ni invade la autonomía de los estados.
Por el contrario, indicaron que los recursos que se logren ahorrar permanecerán en las entidades federativas para financiar proyectos de infraestructura y desarrollo.
En el pronunciamiento también señalaron que la reforma pretende fortalecer la participación ciudadana mediante mecanismos como la revocación de mandato y la ampliación de la consulta popular a temas electorales.
Afirmaron que la iniciativa forma parte de los principios que han guiado al actual gobierno, entre ellos la austeridad republicana y la idea de que no puede haber un gobierno rico con un pueblo pobre.
De acuerdo con los senadores, el Plan B busca construir instituciones más eficientes y cercanas a la ciudadanía, con menos costos administrativos y mayor inversión en la población.
Se prevé que la iniciativa llegue al Congreso de la Unión a más tardar el próximo martes para iniciar su análisis.
Aunque todavía no se define en qué cámara comenzará la discusión, el bloque formado por Morena, el PT y el Partido Verde ya suma 87 votos en el Senado, una cifra suficiente para alcanzar la mayoría calificada necesaria para aprobar una reforma constitucional.