Pese a la celeridad con la que fue aprobada el Senado y la Cámara de Diputados hace más de tres meses luego de una agresión de la que fue objeto la presidenta Claudia Sheinbaum, la homologación y tipificación del abuso sexual como delito grave en todo el país se mantiene “congelada”, en “revisión”, análisis o sujeta a promulgación y publicación para que puedan entrar en vigor conforme a la ley en todo el territorio nacional.
A tres meses de que se aprobó esa reforma solo 7 entidades la han avalado y promulgado, mientras que el grueso de los 25 estados la mantienen en “stand by”, revisión o incluso como en el caso de Aguascalientes y San Luis Potosí las reformas aprobadas no se ajustan integralmente a los criterios establecidos en el “Modelo Nacional”.
El pasado 4 de noviembre la presidenta Sheinbaum, sufrió un incidente de acoso y tocamientos sin su consentimiento (agresión sexual) mientras caminaba y saludaba a simpatizantes en el Centro Histórico de la Ciudad de México, cerca de Palacio Nacional, lo que derivó en que el gobierno federal a través de la Secretaría de las Mujeres, presentara el Plan Integral contra el Abuso Sexual y se presentara una iniciativa para homologar este delito pues cada estado.
Ello porque cada estado lo sanciona de manera diferente e incluso ni siquiera existe esta figura en sus respectivos códigos penales.
Por ello, la reforma aprobada a principios de diciembre pasado por el Senado y Cámara de Diputados, homologa y tipifica el abuso sexual como delito grave, sancionándolo con penas de 3 a 7 años de prisión (aumentables con agravantes) y multas, además de perseguirse de oficio.
¿CONGELADA?
De los 32 congresos estatales en los que se presentaron iniciativas para tipificar y armonizar el delito de abuso sexual en sus respectivos códigos penales, en 17 casos las propuestas de reforma permanecen en análisis ante las comisiones legislativas correspondientes, de acuerdo al documento del IBD.
En esta situación se encuentran los congresos de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
En los estados de Campeche, Colima y Sonora, esta iniciativas cuentan con dictamen en sentido positivo de las comisiones encargadas de su análisis pero no han sido aprobadas por el pleno.
En Baja California Sur, Tamaulipas y Yucatán ya fue aprobada por sus congresos pero aún no han sido promulgadas o publicadas por los gobernadores de esas entidades.
Las únicas 7 entidades donde esta ley ya es jurídicamente vigente, son Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Estado de México, Oaxaca y Quintana Roo.
IMPUNIDAD RAMPANTE
El nivel de impunidad para este delito en México es alarmante.
De acuerdo con un estudio realizado en 2023 por Durán y Sosa, de las 329 mil víctimas de delitos sexuales registradas oficialmente en México entre enero de 2012 y diciembre de 2022, solo 28 mil casos —equivalentes al 8.5 %— se resolvieron con una sentencia condenatoria.
En tanto, en más del 91% de los casos, los agresores no fueron detenidos, quedaron en libertad o fueron absueltos, según un análisis del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.
La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 revela que la prevalencia de mujeres de 15 años y más que han vivido al menos un incidente de violencia sexual a lo largo de su vida es mayor entre quienes residen en áreas urbanas (54.4%), y entre las mujeres jóvenes de 15 a 24 años (60.4%).
Las mujeres que han sido violentadas sexualmente suelen enfrentarse, además del daño sufrido, a la desconfianza sobre lo ocurrido.
Con frecuencia son culpabilizadas, señaladas, excluidas, y, en muchos casos, silenciadas.
La situación es más crítica cuando las víctimas deciden denunciar a su agresor o a sus agresores sexuales, pues con frecuencia se enfrentan a procesos judiciales largos, lentos, complejos, revictimizantes e ineficaces.
Un sistema de justicia que, al no garantizar la protección y los derechos de las víctimas, propicia la impunidad de los agresores y perpetúa el ciclo de la violencia de género.