El relator especial de la ONU, Marcos A. Orellana, cerró su segunda visita oficial a México tras un recorrido de casi dos semanas en el que evaluó las acciones del país en el manejo de sustancias y desechos peligrosos y su impacto en los derechos humanos.
La visita se llevó a cabo del 9 al 20 de marzo de 2026, periodo en el que el especialista sostuvo reuniones con autoridades federales, representantes de los tres poderes, organismos autónomos y distintos sectores sociales, con el objetivo de revisar tanto avances como pendientes en la materia.
Durante su estancia, Orellana tuvo encuentros con más de 15 dependencias del Gobierno federal, además de dialogar con integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y con legisladores de la Comisión de Medio Ambiente en la Cámara de Diputados.
También realizó recorridos en campo por varios estados, entre ellos Sonora, Campeche, Tlaxcala, Nuevo León, Hidalgo, Querétaro y Yucatán, donde recogió testimonios de autoridades locales, académicos, organizaciones civiles, comunidades y representantes del sector privado.
Al presentar sus conclusiones preliminares, el relator destacó el papel de México dentro del sistema internacional de derechos humanos y reconoció la disposición del país para colaborar con mecanismos de la ONU.
Subrayó además la solidez del marco jurídico ambiental mexicano, que incluye leyes como la de residuos, la de equilibrio ecológico y la de economía circular, esta última vigente desde inicios de este año. También señaló la importancia del reconocimiento constitucional del derecho a un ambiente sano.
Orellana resaltó el papel del Poder Judicial en garantizar el acceso a la justicia para comunidades afectadas por contaminación, aunque advirtió que persisten retos importantes en zonas con alto deterioro ambiental.
En particular, mencionó la situación de cuencas como las de los ríos Atoyac, Lerma-Santiago y Tula, donde se mantienen problemas de contaminación y se desarrollan acciones de saneamiento.
El relator forma parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un mandato creado en 1995 y renovado recientemente, que busca identificar tanto buenas prácticas como desafíos en la gestión de sustancias peligrosas.
Como parte del proceso, Orellana presentará un informe formal con observaciones y recomendaciones sobre México en el segundo semestre del año.
Por su parte, el Gobierno mexicano reiteró su disposición de mantener el diálogo con organismos internacionales y continuar fortaleciendo las políticas públicas en materia ambiental y de derechos humanos.