Con la ausencia de los senadores del PT, Alejandro González Yáñez y Lizbeth Sánchez y el voto en contra de la oposición, las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado avalaron por mayoría de votos el llamado “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum que le permite promocionar y llamar al voto en la revocación de Mandato.
La ausencia del PT en la sesión de comisiones donde se dictaminó el Plan B, aumentó la incertidumbre sobre el sentido del voto de ese partido, pues sin ellos, Morena no alcanza la mayoría calificada necesaria para aprobar este Plan B.
Al final, con 24 votos a favor y 11 en contra, el Plan B avanzó en comisiones del Senado y será durante la sesión de este miércoles cuando suba al pleno para su discusión y en su caso eventual aprobación o no.
Para ello, el coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, junto con Adán Augusto López arreciaron el cabildeo y hasta las presiones con la dirigencia nacional del PT, encabezada por Alberto Anaya para “convencerlos” de apoyar el Plan B.
Horas después, Mier subió a sus redes sociales, una fotografía con los lideres del PVEM y PT donde se les ve sonrientes y con la leyenda: “La coalición Morena, Verde y PT seguirá unida y haciendo historia”.
“Ojalá que no doblen al PT con sus mafiosas artimañas que han puesto en marcha todo el tiempo”, fustigó la senadora del PRI, Carolina Viggianno.
La priista cuestionó el gasto de dos mil millones de pesos que se realizará en la revocación de mandato—según dijo—si la presidenta Claudia Sheinbaum tiene el 100 % de aprobación.
“¿Para qué gastamos en eso?, nosotros que deberíamos de ser los que tengamos interés en promover esa figura no tenemos ningún interés en revocarla.
El coordinador del PAN, Ricardo Anaya calificó este plan B como la iniciativa más chafa, precaria y mal hecha que ha enviado la presidenta Sheinbaum y anunció el voto en contra de su partido hacia este “bodrio burdo y tramposo”.
El senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, anunció el voto en contra de su bancada al considerar que la reforma electoral traiciona principios como la revocación de mandato, la austeridad y el federalismo.
“Por más que nos lo quiera vender como un ejercicio democrático, no sirve más que para romper el principio de equidad en la contienda cuando pretenden empatar esto con el proceso electoral ordinario”, acusó
Acto seguido aseveró que la responsabilidad de la presidenta Sheinbaum no es levantar a su partido tras las fracturas internas que registra rumbo a las elecciones del 2027 donde se renovarán 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados.
“Yo sé que han estado batallando últimamente de manera interna, pero la responsabilidad de la presidenta no es levantar a Morena, es levantar al país y que la quieran sacar a hacer campaña no es sólo un acto desesperado, es por mucho muy negligente”, sostuvo
El llamado Plan B establece cambios en la revocación de mandato pues plantea que el proceso sólo pueda realizarse una vez durante el sexenio presidencial y que pueda solicitarse en el tercer o cuarto año de gobierno sin definir fecha.
Asimismo se permite al Ejecutivo llamar al voto de este ejercicio.
En materia municipal, la reforma propone redefinir la integración de los ayuntamientos, estableciendo un máximo de 15 regidurías por municipio y una sola sindicatura, con el objetivo de evitar estructuras sobredimensionadas y reducir costos administrativos.
Los recursos ahorrados deberán destinarse a servicios públicos e infraestructura local.
Además, se incluyen medidas para garantizar la imparcialidad del ejercicio, como la prohibición del uso de recursos públicos y propaganda gubernamental para influir en la consulta, así como la suspensión de difusión en los días previos a la votación.
El dictamen también incorpora principios de paridad de género, igualdad sustantiva y perspectiva de género en la integración de órganos de gobierno y en la aplicación de las reformas.
Las comisiones argumentaron que estas medidas buscan fortalecer el vínculo entre ciudadanía y gobierno, reducir las desigualdades en el ejercicio del poder y garantizar que los recursos públicos se destinen al bienestar social.