En medio de la persistente violencia contra las mujeres mexicanas, el Gobierno federal presentó una iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio, que contempla penas de hasta 70 años de prisión y la homologación de criterios en todo el país.
El anuncio fue realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante “Las Mañaneras del Pueblo”, donde informó que la propuesta, elaborada junto con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de las Mujeres, será enviada de inmediato al Senado.
La mandataria subrayó que el feminicidio debe entenderse no solo como delito, sino como una grave violación a los derechos humanos, lo que obliga al Estado a responder de manera estructural. La iniciativa plantea reformar la Constitución para facultar al Congreso a emitir una ley general obligatoria en todo el país.
El diagnóstico de fondo no es menor: en México, cada día son asesinadas en promedio 10 mujeres, de acuerdo con datos oficiales y organismos internacionales, aunque no todos los casos se investigan como feminicidio, lo que ha sido una de las principales críticas de colectivos feministas.
En tanto, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y agosto de 2025, se registraron 444 feminicidios ante las autoridades federales, concentrándose la mayoría en estados como el Estado de México, Chihuahua, Ciudad de México, Morelos y Sinaloa.
La fiscal Ernestina Godoy señaló que la propuesta busca romper con la impunidad y la fragmentación institucional: “No hablamos solo de cifras, hablamos de vidas arrebatadas”, afirmó.
¿Qué contempla la Reforma contra el Feminicidio?
La iniciativa establece un tipo penal homologado en todo el país e identifica nueve razones de género para tipificar el feminicidio, incluyendo violencia sexual, antecedentes de agresión, discriminación o relaciones de poder desiguales.
Además, fija penas de 40 a 70 años de prisión, castiga la tentativa y contempla sanciones adicionales como la pérdida de la patria potestad, derechos sucesorios y la inhabilitación para ocupar cargos públicos.
El proyecto también endurece las sanciones mediante 21 agravantes, entre ellos cuando la víctima sea menor de edad, adulta mayor, tenga discapacidad, pertenezca a pueblos originarios o el crimen ocurra frente a sus hijos.
Uno de los ejes centrales es la homologación de protocolos de investigación, una deuda histórica señalada por organizaciones civiles, que han denunciado fallas en la clasificación de los delitos, pérdida de pruebas y falta de perspectiva de género en fiscalías estatales.
En paralelo, la subsecretaria Ingrid Gómez Saracibar destacó que la ley incorpora medidas de atención integral para víctimas indirectas, como hijos y familiares, incluyendo apoyo psicológico, médico y asesoría legal gratuita.
También se plantea prohibir la difusión de imágenes de víctimas y crear una instancia especializada para supervisar la implementación de la ley.
Pese al alcance de la propuesta, el reto será su aplicación efectiva. En México, la impunidad en delitos de género sigue siendo alta y la coordinación entre fiscalías estatales ha sido históricamente desigual.
“No creo que haya nadie que se oponga a que la muerte violenta de una mujer sea investigada como feminicidio”, afirmó Sheinbaum, al defender la iniciativa que ahora deberá ser discutida en el Congreso.