El exgobernador morenista Jaime Bonilla Valdez, quien gobernó Baja California de 2019 a 2021, fue vinculado a proceso por los delitos de peculado y de uso ilícito de atribuciones y facultades.
Lo anterior, por su presunta responsabilidad en ilícitos relacionados con la contratación de la empresa Next Energy para la construcción de una planta de generación de energía fotovoltaica en el Valle de Mexicali, la cual nunca se construyó, pese a que se realizaron erogaciones de cientos de millones de pesos.
De acuerdo a la Fiscalía General del Estado, el caso se centra en un contrato firmado durante su administración que comprometía recursos públicos a largo plazo sin cumplir con diversos requisitos legales y financieros establecidos para este tipo de proyectos de infraestructura energética.
¿Qué delitos cometió el exgobernador Bonilla, de la 4T?
Un juez de control vinculó a proceso a Jaime Bonilla Valdez, exgobernador de Baja California y senador de Morena, además de actual dirigente local del PT, por delitos relacionados con la contratación de la empresa Next Energy.
El acuerdo suscrito entre el gobierno estatal y la referida empresa implicaba una carga financiera de largo plazo para la entidad: la administración se obligaba a cubrir pagos mensuales por 123 millones de pesos durante tres décadas, lo que en conjunto ascendía a aproximadamente 35 mil millones de pesos.
Dichos compromisos estaban respaldados con recursos provenientes de participaciones federales.
Esta estructura contractual no solo establecía pagos periódicos elevados, sino que también aseguraba el flujo de recursos mediante garantías que comprometían ingresos públicos futuros.
Adicionalmente, el gobierno estatal realizó una aportación inicial de mil 300 millones de pesos como parte de las condiciones para arrancar el proyecto de la planta fotovoltaica.
La Fiscalía de Baja California sostiene que Bonilla habría incurrido en peculado y uso ilícito de atribuciones al intervenir en decisiones administrativas que derivaron en operaciones irregulares con recursos públicos, particularmente en contratos o resoluciones que no se habrían ajustado a la normatividad.