Ante la demanda y clamor social del sector agrario, el PRI en el Senado, impulsa reforma a la Ley Agraria para reconocer a los corredores públicos, como fedatarios facultados en la materia.
El senador del PRI, Ángel García Yáñez, explicó que más del 50% del territorio nacional se encuentra bajo el régimen de la propiedad social, ejidos y comunidades, lo que da cuenta de su enorme relevancia para la producción de alimentos, la preservación de nuestra raíces culturales y el desarrollo rural de nuestro país.
No obstante, reveló que la vida agraria enfrenta todavía la falta de certeza jurídica a pesar de que muchos de los actos que se realizan dentro de los núcleos agrarios, como la transmisión de derechos parcelarios, los convenios de sucesión, los contratos de aprovechamiento de tierras, o la constitución de sociedades rurales.
Esos temas—agregó-- requieren de fe pública para garantizar legalidad, transparencia y respeto pleno a la voluntad de las y los campesinos.
“Actualmente nuestra Ley Agraria reconoce únicamente la figura del notario público para estos efectos, pero la realidad del país nos demuestra que en amplias regiones del territorio nacional no existe presencia notarial suficiente”, indicó
El legislador de Morelos recalcó que esto obliga a ejidatarios y comuneros a recorrer grandes distancias, asumir costos elevados y enfrentar trámites complejos, muchas veces sin el acompañamiento adecuado.
Esta situación genera incertidumbre jurídica, y en no pocos casos conflictos innecesarios dentro de las comunidades rurales, señaló.
Por ello, propuso reformar diversos artículos a fin de que, los corredores públicos, al igual que los notarios, cuentan con fe pública otorgada por el Estado.
“Ellos también cuentan con formación especializada en medición, arbitraje y evaluación, herramientas que resultan especialmente valiosas en contextos donde la prevención de conflictos y la solución de controversias son fundamentales”, estableció
El senador del PRI, consideró que incorporar a los corredores públicos “significa brindar a las y los campesinos más herramientas para ejercer sus derechos con igualdad, significa también reducir la conflictividad agraria y prevenir litigios largos y costosos; significa en suma, fortalecer la confianza de las comunidades a las instituciones del Estado”.
Al presentar su iniciativa, advirtió que, sin certeza jurídica no puede haber desarrollo sostenible, no puede haber paz social, no puede exigirse verdadera igualdad. “Estoy convencido que con la reforma damos un paso firme hacia un México en que los hombres y mujeres del campo puedan ejercer sus derechos con la misma seguridad y con la misma dignidad, y con las mismas oportunidades que cualquier ciudadano”.
Aseguró que su incorporación no responde a una lógica de competencia entre profesiones, sino a un principio de justicia social, de acercar los servicios de legalidad a las comunidades rurales, ampliar la cobertura territorial, y reducir las desigualdades en el acceso a la certeza jurídica.
“Con esta reforma el Estado mexicano estaría honrando lo que establece el artículo 17 de nuestra Constitución, garantizar el acceso pleno a la justicia para todas y para todos, y al mismo tiempo, se fortalecería el espíritu del artículo 27 constitucional, orientando a proteger la tenencia de la tierra y consolidar el carácter social de la propiedad ejidal y comunal”.