¿Es que alguna vez hubo un conflicto verdadero en torno a un libro de texto gratuito mexicano? Lo hubo. El tiempo pasa casi sin que nos demos cuenta, y algunos de los momentos de debate en torno a la educación pública se van difuminando. Pero hace treinta y cuatro años, hubo un libro que apenas pasó por las aulas, y que logró algo inusitado, cuando de estos asuntos se trata: no dejó a nadie contento.
¿De qué hablamos? Del libro de Historia editado en 1992 por la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos y que apenas duró en las aulas un ciclo escolar. No fue una modificación de páginas, no fue una fe de erratas con disculpas, no se hizo un material adicional o correctivo. El libro de Historia para cuarto y sexto año de primaria, hecho por un equipo de historiadores e intelectuales, como parte de una nueva propuesta educativa -una reforma más- del gobierno de Carlos Salinas de Gortari.
Aquella propuesta empezaba por plantear como prioridad el fortalecimiento de la educación primaria, para el ciclo escolar 1992-1993, un conjunto de medidas emergentes: reforzar la enseñanza aprendizaje de las matemáticas a lo largo de todo el ciclo, y alentar el hábito de la lectura. Lo más notable, en esos momentos, es que dejó de hablarse de Ciencias Sociales, la asignatura en la que se habían formado los mexicanos a lo largo de veinte años: se volvería al civismo, a la geografía y a la historia. De hecho, se declaró ese ciclo escolar como “Año Escolar para el Estudio de la Historia de México”, en vista, se afirmó, de que el conocimiento del pasado era, en general, pobre entre los escolares del país.
La herramienta para el aula que completaría el círculo era la producción de dos libros de historia: uno para cuarto año y otro que se distribuiría en los grados quinto y sexto. El secretario de Educación Pública, Ernesto Zedillo Ponce de León, a quien los azares y la violencia política llevarían, años más tarde, a la presidencia de la República, no se imaginó el problema en que se iba a meter con esos nuevos textos.
NUEVAS CONDICIONES, PROBLEMAS DIFERENTES
En 1992, la estructura que producía los libros de texto gratuitos se había transformado. El fundador de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg), Martín Luis Guzmán, había muerto en 1976. En su momento, había recibido facultades formidables, para hacer, desde la portada hasta la última página de los libros de texto. A principios de los años 80, el estatus de la Conaliteg cambió: se convirtió en un organismo descentralizado, con recursos y patrimonio propios, y sus responsabilidades -que no eran y no son menores- se acotaron a la impresión y la distribución de los libros de texto. Los contenidos ya no eran su responsabilidad, sino de la Secretaría de Educación Pública que, a lo largo unos diez años, se había limitado a hacer algunos ajustes –“descafeinarlos”, para el gusto de algunos- a los libros de la reforma echeverrista. Los nuevos libros de historia eran, se suponía, la primera herramienta palpable del replanteamiento educativo.
Las quejas por los nuevos libros, que terminaron de producirse en agosto de 1992, surgieron bien pronto, y de todas partes. De parte del magisterio, porque, contrariando el acuerdo para la reforma educativa, aquellos libros no habían sido consensuados con los profesores del país. De parte de algunos especialistas en educación, porque les parecía que los libros carecían de sentido y tratamiento pedagógicos.
Hubo personajes de la vida intelectual del país que denunciaron una “reivindicación” de Porfirio Díaz y sus treinta años de presidencias; otros reclamaron la ausencia de El Pípila, aquel hombre que, según la tradición, cobijado por una losa, prendió fuego a la Alhóndiga de Granaditas en septiembre de 1810. Además del Pípila, se dijo, faltaban personajes como Narciso Mendoza, el Niño Artillero, y había un tratamiento de la figura de Agustín de Iturbide que no gustó a quienes preferían creer en el decretazo de los años echeverristas, que colocaba a Vicente Guerrero como el esencial y único consumador de la independencia.
Más críticas mereció el hecho de que los nuevos libros, cuyos antecesores en materia de estudio del pasado solían quedarse cortos, sin llegar del todo al presente que vivían los niños de primaria, llegaban hasta las elecciones de 1988 y el triunfo electoral de Carlos Salinas de Gortari. Si bien el equipo de autores, que encabezaba el historiador Enrique Florescano, se cansó de explicar que habían intentado que los libros reflejaran los avances de la investigación histórica en México, había muchos inconformes, porque el momento político era delicado: nadie olvidaba los cuestionamientos que los movimientos de oposición hicieron a los comicios en los que Salinas de Gortari había ganado la presidencia.
En lo que algunos autores vieron como una pirueta delirante, y no sin razón, se acusó a los libros de establecer una cierta equivalencia entre los regímenes porfirista y el salinista, e incluso se afirmó que los libros estaban hechos para promover, ¡Entre los niños de cuarto, quinto y sexto grado de primaria! una eventual reelección de Carlos Salinas.
Llegó un momento en que el debate acerca de la valía de los libros se hizo casi imposible. Y había más sectores a disgusto. Entre ellos, las Fuerzas Armadas.
SIN LOS NIÑOS HÉROES, PERO CON EL 2 DE OCTUBRE
Desde principios del siglo XXI era cosa común que en los libros de texto de historia para secundaria se abordara el movimiento estudiantil de 1968 y la represión sufrida por los jóvenes que participaron en él. Libros de todas las editoriales dedicadas a la enseñanza secundaria tocaban el tema, lo que implica que ya estaba considerado en los planes de estudio de la SEP. Pero en 1992, estos libros plantearon por primera vez los sucesos de 1968 para estudiantes de primaria. Eran solo 17 renglones. Pero esos 17 renglones causaron incomodidad. Mucha. Surgieron las quejas: estaba redactado de modo tal que la acción del ejército parecía espontánea, sin hablar de la responsabilidad del presidente Gustavo Díaz Ordaz. Cuatro frases, con tono literario, provocaban escozor en adultos: “El 2 de octubre, días antes de la inauguración de los Juegos Olímpicos, un mitin estudiantil fue disuelto por el ejército en Tlatelolco. Corrió la sangre y la ciudad se estremeció. No se sabe cuántos murieron. El milagro mexicano parecía llegar a su fin”.
Trascendió otra molestia. En las páginas de esos libros tampoco estaba la historia de los Niños Héroes de Chapultepec. Claro, se hablaba de la invasión estadunidense de 1847, de la defensa del castillo por los alumnos del Colegio Militar. Pero la narración emotiva, el ejemplo edificante de los seis jóvenes muertos, que por décadas se usó para inspirar el amor a la patria entre los escolares de México, había desaparecido.
En ese clima de descontento, que provocaba notas y artículos muy críticos, a diario, en la llamada “prensa nacional”, el gobierno federal quiso tener un gesto conciliador: el secretario de Educación Pública Ernesto Zedillo fue el orador en la conmemoración de la batalla de Chapultepec y el homenaje a los cadetes caídos ante el invasor. Aunque fue evidente la voluntad de atenuar la irritación, el asunto no se terminó ahí. Desde la izquierda, algunos intelectuales también echaban en falta a los Niños Héroes. Se cuestionó incluso, la fabricación de los libros, pues, con las clásicas prisas que aparecen cuando se trata de cumplir una instrucción presidencial, los libros tan vapuleados no habían sido producidos por la Conaliteg o mediante sus canales de impresión: desde la SEP se habían encargado a grandes imprentas, quebrantando a sabiendas la norma para la producción de los materiales educativos federales.
A estas alturas fue evidente que algo había cambiado en el México de 1992: ya no solo eran los contenidos educativos lo que se cuestionaba, sino cómo se producían y qué ocurría con el dinero gastado en ello. En el país que éramos hace 34 años, el gobierno federal consiguió algo insólito: unificar a muchos sectores relevantes en la vida pública de México, por razones e intereses diferentes, en contra de aquellos tres libros de texto gratuitos, cuyo tiraje en conjunto era de 3 millones 505 mil ejemplares, apenas un fragmento de la producción anual que se requería.
El gobierno federal cedió: se anunció que esos libros ya no serían utilizados en las aulas. Se convocó a un concurso para producir nuevos libros, y, aun cuando hubo ganadores y se escribieron los nuevos materiales, tampoco llegaron a las aulas por decisión de la SEP. Se produjeron nuevos libros, con los que se formaron los millenials, los adultos jóvenes del presente.
EPÍLOGO CON HUECOS
Desde la polémica de 1992, no volvió a darse una disputa tan intensa por los libros de texto gratuitos sino hasta el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, capítulo de nuestra historia educativa que todavía no termina. Entre estos dos momentos del pasado reciente, estuvieron las 117 faltas de ortografía detectadas en los libros de primaria, errores de edición que se resolvieron con materiales que funcionaron como fe de erratas. Dados como somos a la desmemoria de lo ocurrido hace pocas décadas, la virulenta discusión por los libros de 1992 es casi un recuerdo borrado. A grado tal resultaron incómodos aquellos textos, que hoy son inconseguibles e inconsultables. Ni siquiera la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos tiene la versión digitalizada en su archivo histórico, consultable por internet.