Por mayoría, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos Primera del Senado, aprobaron un proyecto de decreto por el que se expide la Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar que busca facilitar la inversión hacia proyectos prioritarios.
Sin embargo senadores de oposición votaron en contra pues acusaron que parte de un diagnóstico equivocado, ya que el freno a la economía no es la falta de inversión, sino la falta de certeza jurídica, la desconfianza y una forma desordenada de gasto público desde el 2018.
El senador del PRI, Rolando Zapata Bello, aseguró que con esta reforma se genera mayor opacidad en el gasto público y señalo que la deuda pública se oculta y se utiliza para gasto corriente, en lugar de infraestructura y gasto de inversión.
“México necesita inversión, sí. México necesita infraestructura, también, y qué bueno que el gobierno por fin lo reconozca. Pero lo que más necesita nuestro país es confianza. Y la confianza no se decreta, la confianza se construye con reglas claras, con transparencia y con Estado de derecho. Y eso es justamente lo que esta ley debilita”, estableció
También el senador del PAN, Raymundo Bolaños señalo que el gobierno utiliza los recursos para gasto corriente y no en proyectos de inversión, lo que mantiene frenado el crecimiento del país.
Al sustentar este dictamen, el senador de Morena, Manuel Huerta, aseguró que “se dota al Estado mexicano de un andamiaje jurídico moderno, integral y estratégico para detonar infraestructura con sentido social, sin ceder en ningún momento la rectoría pública, la soberanía nacional, la transparencia ni la disciplina hacendaria”.
Se facilitará, puntualizó, “la inversión, así como el establecimiento de reglas claras, controles institucionales y mecanismos de participación mixta que permitan movilizar capital hacia proyectos prioritarios con certeza jurídica, evaluación previa, rendición de cuentas y protección de las finanzas públicas”.
Precisó que la lógica de dichos proyectos “no es abrir la puerta a cualquier inversión, sino hacerlo mediante un régimen de triple control: evaluación previa, seguimiento durante la ejecución y auditoría posterior”.
Huerta Ladrón de Guevara sostuvo que con esta reforma, se plantean aspectos novedosos, como la incorporación explícita del sector social —cooperativas, comunidades, ejidos y organizaciones de trabajadores— como actores posibles en la cadena de valor de la infraestructura.
No obstante, aclaró que la figura de la licitación pública “seguirá siendo la regla general y que las excepciones serán tasadas en congruencia con el artículo 134 constitucional”.
De la misma manera, el proyecto incorpora una dimensión de sostenibilidad ambiental para que cada proyecto sea elegible: deberá incluir análisis de impacto ambiental, preservación del equilibrio ecológico y medidas de mitigación y adaptación frente al cambio climático.
El dictamen, remarcó el senador veracruzano, plantea la infraestructura no sólo como palanca de crecimiento, sino también como una política de resiliencia territorial y energética.
En términos políticos y económicos, la apuesta de fondo es movilizar ahorro institucional, inversión privada y financiamiento público hacia infraestructura estratégica, sin perder el control estatal, finalizó Manuel Huerta.