CDMX — Morena y sus aliados del PT y PVEM enfrentan este miércoles en el pleno de la Cámara de Diputados intenso debate para aprobar el Plan B de la reforma electoral, que modifica algunos artículos de la Constitución, que impactará en salarios en el INE.
La discusión también se centrará en la propuesta a los cambios en la estructura de gobierno de los municipios de todo el país y por la disminución de los recursos públicos para los Congresos locales.
En las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Reforma Política-Electoral, el PT anunció su voto a favor del dictamen de la minuta del llamado Plan B del Ejecutivo federal.
El legislador petista Pedro Vázquez González señaló este debate es con el fin de acabar con los excesos en las instituciones.
Este debate no es un asunto coyuntural, dijo, sino de una lucha histórica por transformar la vida pública del país, para poner fin a los abusos del pasado y por construir instituciones que sirvan al pueblo.
El petista aseguró que, desde la fundación de su partido, en 1990, el PT nació con una bandera clara: democratizar el poder público, ampliar la participación ciudadana y defender un modelo de Estado que no esté al servicio de los privilegios de unos cuantos, sino al servicio de las grandes mayorías.
Dijo que a lo largo de su historia han defendido la necesidad de romper con esas estructuras de privilegio que lastiman la vida democrática. “El PT se pone al lado de la reorientación del gasto público convencidos de que el dictamen constituye un paso importante en la construcción de un Estado más austero”.
Por el PVEM, Ricardo Astudillo Suárez dijo que el Plan no nace de un escritorio, sino que nace de la calle, de las peticiones de millones de mujeres y hombres que exigen igualdad y la terminación de privilegios, y de un gobierno que sí les responda.
Enfatizó que la política, desde el punto de vista del PVEM, debe ser más justa, más cercana y más congruente. Y esa ruta la ha trazado la presidenta Claudia Sheinbaum.
Astudillo dijo que el Plan B tiene tres puntos a resaltar, porque con esta propuesta se dan pasos muy firmes, y uno es el tema de paridad en todos los municipios del país, para que tanto mujeres como hombres compitan en igualdad de circunstancias.
“Ellos y ellas son los que toman las decisiones en el contacto con la ciudadanía. Podemos y tenemos que reformar el artículo 115 para que ello suceda”, expuso el diputado.
El segundo tema que destacó es la conformación de los Congresos locales, que representan a la sociedad, representan al pueblo. Algunos Congresos, dijo Astudillo Suárez, son llamados la ‘casa del pueblo’, pero tienen que estar representados con justicia, con equilibrio y con una verdadera perspectiva de género.
Expuso que el Congreso de Querétaro, que él representa a nivel federal y cuyo estado gobierna el PAN, tiene un presupuesto de 60 mil millones de pesos, y el 0.70 por ciento, que se propone en la iniciativa como disminución para algunas entidades, representa 450 millones de pesos.
“Hoy el Congreso de Querétaro ejerce sólo 420 millones de pesos. Entonces, no se violenta absolutamente nada”.
El tercer tema es que nadie pueda estar por encima del salario de la Presidenta de la República. Se acabaron los excesos, se acabaron los beneficios indebidos de cualquier persona que represente o ejerza el poder.
“Por eso lo decimos con convicción en el PVEM. Estamos viviendo un momento histórico en el país, de transformación y de liderazgo que ha representado la Presidenta. Vamos a seguir construyendo por un país más igualitario y más digno”.
Por el PAN, Rocío González dijo que su bancada propone retirar el dictamen, porque la reforma debió pasar por la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal para conocer la opinión de los municipios, porque impacta a sus ciudadanos.
Como presidenta de esa comisión pidió que se haga un análisis del artículo 73, pero también del 40, del 115 y del 124 todos constitucionales.
“La minuta del Plan B dibuja claramente cómo desde el centro del país pretenden convertir a los estados y municipios en meras oficinas de trámite del gobierno federal. Se les olvida que México es una federación. Suficiente tenemos que desde el gobierno central se dicte lo que se hace o debe hacer en este Congreso, porque más que un poder, ustedes lo han convertido en una oficialía de partes, todo para concentrar más y más poder”, dijo.
La diputada panista reclamó que, desde 2018, estados y municipios han sufrido la disminución del gasto federalizado, además de la eliminación de fondos y apoyos, que Morena dicta cómo se los tienen que gastar, y ahora pretenden controlar, desde el gobierno federal, la organización territorial, presupuestal y política de estados y municipios. No hay perdedores ni ganadores, sino un gran retroceso.
La diputada por Chihuahua, una de las defensoras de los presupuestos locales, pero sin transparencia en su ejercicio, como ocurre con inversiones para grandes obras que suman años y recursos sin fin -ejemplo es la Torre Centinela en Ciudad Juárez, que cinco mil millones de pesos no se logran materializar-, insistió en retirar el dictamen.
Rocío González recibió una negativa como respuesta de Morena para que la Comisión de Federalismo revise la minuta del Senado del Plan B.
El morenista Ernesto Prieto Gallardo dijo que la mayoría no caería en provocaciones de la derecha que apoya a Donald Trump.
Por el contrario, sostuvo, que se mantiene el principio de la austeridad republicana.
El diputado, que enfrentó críticas desde el INE por ser deudor alimentario, enfatizó que desde décadas se sobredimensionó la estructura del Estado de manera artificial para sostener una red de cuotas y cuates, de complicidades y privilegios que resultan profundamente “ofensivos frente a necesidades del pueblo de México”.
“Con esta reforma constitucional damos un paso definitivo para consolidar la austeridad republicana como una política de Estado inquebrantable”.
Enfatizó que se pone fin a cabildos “sobredimensionados” al establecer un límite máximo de 15 regidurías y una sindicatura, con lo que se termina así con la vieja práctica de crear espacios burocráticos excesivos, a nivel municipal, sólo para pagar favores políticos o acomodar a grupos de interés
Con esta reforma se garantiza, señaló, la llegada de la mujer a los espacios de poder, en los cabildos, en las tomas de decisiones, con posiciones reales.
Indicó que se pone un orden definitivo en las finanzas de las entidadas federativas. Y se tiene que acabar con Congresos ricos, con un tope de financiamiento.
“Lo más trascendente de esta medida es que los ahorros no quedarán en la opacidad. Esas economías se convertirán obligatoriamente en obras de infraestructura. El dinero público utilizado en obras e infraestructura para bien común, el dinero ahorro se quedará ahí. Y se dice adiós a la burocracia dorada”, destacó el diputado morenista, quien afirmó que la democracia no se debilita, sino que se fortalece con esta iniciativa.