
La diputada Sandra Arreola Ruiz, coordinadora del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de Michoacán, presentó un posicionamiento para promover la denominada Ley Cazzu, una iniciativa enfocada en garantizar la movilidad de niñas, niños y adolescentes cuando uno de los progenitores incumple sus responsabilidades.
¿Qué propone la Ley Cazzu?
El planteamiento busca modificar el marco legal vigente para atender una problemática recurrente en familias monoparentales, donde los trámites de viaje o documentación quedan sujetos a la autorización de ambos padres, incluso en contextos de abandono.
La propuesta contempla que el Congreso de Michoacán remita al Congreso de la Unión una reforma al artículo 4º constitucional. El objetivo es establecer como criterio central el interés superior de niñas, niños y adolescentes en decisiones relacionadas con su movilidad.
De acuerdo con lo expuesto por la legisladora, se plantea crear mecanismos ágiles para que quien ejerce la guarda y custodia pueda gestionar permisos de viaje o documentación sin enfrentar procesos prolongados, siempre que se acredite el incumplimiento del otro progenitor en obligaciones de crianza, alimentos o convivencia.
Origen de la Ley Cazzu
La llamada Ley Cazzu surgió a partir de la denuncia pública de la artista Julieta Cazzuchelli, conocida como Cazzu, quien señaló que no podía viajar con su hija debido a la falta de autorización del padre, el cantante Christian Nodal. El caso generó repercusiones sociales y abrió una discusión sobre los mecanismos legales en México y Argentina.
En septiembre de 2025, durante el podcast Se Regalan Dudas, la cantante relató que llevaba más de un año sin obtener el permiso necesario para trasladarse con su hija. La situación expuso un conflicto privado que derivó en debate público sobre las limitaciones legales en casos de separación.
El contexto incluyó cuestionamientos sobre el cumplimiento de responsabilidades parentales, entre ellos temas relacionados con pensión alimenticia y convivencia con la menor, nacida en 2023. Tras la ruptura, el desacuerdo entre los progenitores derivó en un conflicto legal que impidió la salida del país de la niña.
A partir de este caso, la iniciativa adoptó el nombre de “Ley Cazzu” como referencia a una situación que permitió evidenciar obstáculos legales que enfrentan múltiples familias.
¿Qué más propone la Ley Cazzu?
La iniciativa busca impedir que la patria potestad funcione como un mecanismo de bloqueo cuando no existe corresponsabilidad parental. En ese sentido, plantea facilitar que la persona que ejerce la custodia pueda obtener autorizaciones de movilidad nacional o internacional de forma más accesible.