La presidenta Claudia Sheinbaum publicó un decreto en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con el que se establece un tope a las pensiones de exfuncionarios, medida que busca eliminar los llamados privilegios de la “burocracia dorada”.
De acuerdo con la información difundida, la reforma ya entró en vigor y forma parte de modificaciones constitucionales que limitan el monto que pueden recibir exservidores públicos tras su retiro.
El nuevo esquema establece que ninguna pensión podrá ser superior a los 134 mil pesos mensuales, cantidad que equivale aproximadamente a la mitad del salario que percibe la titular del Ejecutivo federal en 2026.
Esta medida forma parte de una política de austeridad impulsada por el gobierno federal, con la cual se busca evitar pagos considerados excesivos en organismos públicos, empresas del Estado y dependencias federales. Durante años, algunos exfuncionarios llegaron a recibir pensiones millonarias, lo que generó críticas por el uso de recursos públicos.
La reforma al artículo 127 constitucional plantea que las pensiones y jubilaciones de altos mandos no podrán exceder el 50 por ciento del salario presidencial, lo que marca un límite claro para este tipo de ingresos.
Además, el decreto aplica principalmente a exfuncionarios de confianza y directivos de entidades como empresas productivas del Estado, organismos descentralizados y banca de desarrollo, sectores donde se concentraban los casos más altos de pensiones.
El gobierno federal ha señalado que esta acción busca corregir desigualdades, ya que mientras algunos exservidores públicos recibían montos elevados, la mayoría de las pensiones en México son considerablemente más bajas.
Sin embargo, la medida también ha generado debate. Algunos sectores han expresado preocupación por posibles afectaciones a derechos adquiridos, especialmente en casos donde las condiciones de retiro ya estaban previamente establecidas. Incluso, grupos de jubilados han advertido sobre posibles implicaciones legales si se modifican beneficios previamente otorgados.
A pesar de ello, la administración federal sostiene que la reforma no elimina pensiones, sino que regula sus montos para evitar excesos y garantizar un uso más equitativo de los recursos públicos.
Con este decreto, el gobierno de Claudia Sheinbaum avanza en su agenda de austeridad y combate a privilegios dentro del sector público, en una de las reformas más relevantes en materia de pensiones para exfuncionarios en los últimos años.