Estados Unidos busca acortar sus cadenas de suministro, es decir, que los productos recorran menos distancia desde la fábrica hasta el consumidor y reforzar una integración comercial alineada con su seguridad nacional, donde el control y desarrollo de la inteligencia artificial ocupan un lugar central. Este objetivo abre una oportunidad para México: atraer inversión extranjera y tener una palanca para fortalecer las cadenas productivas internas. En este contexto, el Plan México se perfila como un intento por articular una estrategia de desarrollo productivo que combina crecimiento, empleo y desarrollo regional con nuevas prioridades, como la relocalización de cadenas globales de valor y la adopción de tecnologías digitales.
Sin embargo, la experiencia histórica sugiere que el éxito de una estrategia como el Plan México no depende únicamente de la oportunidad externa ni del volumen de recursos públicos asignados, sino fundamentalmente de su diseño y ejecución. En este sentido, la evidencia presentada en el libro The New Economic Nationalism de Monica de Bolle, Jérémie Cohen-Setton y Madi Sarsenbayev, ofrece lecciones claras. En dicho libro se revisan las políticas industriales de Japón en la posguerra; la industrialización dirigida por los gobiernos de Corea del Sur y de Taiwán; la política industrial en China, y las estrategias de sustitución de importaciones seguidas en Argentina y Brasil. Todos perseguían metas relativamente similares amparados en un discurso económico-nacionalista. Sin embargo, como muestra el grafico, discursos relativamente similares no conducen necesariamente a un mismo destino. ¿Por qué los países asiáticos tuvieron un crecimiento tan distinto al reportado por los países latinoamericanos?
De la lectura del libro se desprenden seis lecciones. Primero, el apoyo estatal a nuevos proyectos productivos y a las empresas debe estar condicionado a resultados verificables, como por ejemplo en el aumento de las exportaciones, en cambios en la productividad o en la incorporación de contenido tecnológico. Apoyos sin ninguna condicionalidad, tienden a perpetuar los subsidios sin generar mejoras sustantivas. Segundo, es fundamental que exista la posibilidad real de retirar apoyos a las empresas que no cumplan con los objetivos establecidos. Tercero, las políticas deben estar orientadas a insertar a las empresas en mercados internacionales, ya que ello se constituye en un incentivo poderoso para mejorar eficiencia y calidad. Cuarto, es indispensable contar con una burocracia técnica, profesional y relativamente autónoma, capaz de evaluar resultados y resistir presiones políticas o de grupos de interés. Quinto, las intervenciones deben tener horizontes temporales definidos y mecanismos de evaluación continua, para evitar que se conviertan en esquemas permanentes de protección. Finalmente, todo lo anterior debe desarrollarse en un entorno de estabilidad macroeconómica y política, que permita a las empresas planear e invertir a largo plazo. Atender estos retos es, quizá, lo que explica por qué países como Taiwán y Corea del Sur lograron crecer de manera muy distinta a lo registrado por Brasil y Argentina.
Estas lecciones sugieren que el reto del Plan México no es menor. Si el diseño reproduce esquemas en los que el apoyo estatal se otorga sin mecanismos de evaluación rigurosos, sin condicionalidad en términos de desempeño o sin una clara orientación hacia la competencia internacional, existe el riesgo de replicar problemas de baja productividad, dependencia de subsidios y captura regulatoria.
Un elemento central del Plan México es el tipo de sectores que se busca impulsar: industrias vinculadas a semiconductores, electromovilidad, energías limpias y digitalización. El reto no es únicamente atraer inversión, sino lograr que ésta genere encadenamientos productivos locales, transferencia tecnológica y aumentos sostenidos en la productividad. En este punto, emerge un problema clásico de la economía mexicana: la coexistencia de un sector moderno, altamente integrado a los mercados internacionales con un amplio segmento de micro y pequeñas empresas, con bajos niveles de productividad, altos grados de informalidad y limitada adopción tecnológica. Sin políticas explícitas de articulación productiva, existe el riesgo de que el Plan México profundice esta dualidad en lugar de reducirla. Ello no solamente genera problemas distributivos sino también tensiones políticas que pueden poner en entredicho la presencia de un entorno propicio para la inversión.
Otro eje fundamental es la capacidad institucional del Estado. La evidencia presentada en el libro de Monica de Bolle y coautores sugiere que el diseño de políticas puede ser técnicamente adecuado, pero su éxito depende además de la calidad de la burocracia encargada de implementarlas. Esto incluye la capacidad para coordinar dependencias, evaluar resultados, resistir presiones políticas y ajustar la intervención a medida que se genera nueva información. A este respecto, ¿existen en México agencias con suficiente autonomía técnica para evaluar el desempeño de los programas? ¿Se cuenta con métricas claras de éxito y mecanismos de rendición de cuentas? ¿Hay coordinación efectiva entre la política industrial, la política energética, la política educativa y la política de competencia?
Adicionalmente, el contexto macroeconómico es un determinante fundamental. La estabilidad en variables como la inflación, el tipo de cambio y las finanzas públicas no sólo es deseable en sí misma, sino que constituye una condición necesaria para que las empresas realicen inversiones de largo plazo. Los episodios de incertidumbre macroeconómica pueden neutralizar los efectos positivos de cualquier política de desarrollo económico, por bien diseñada que esté. El gobierno mexicano tiene cada vez un menor espacio fiscal: de cada cuatro pesos de ingresos presupuestales, tres se destinan a cubrir el costo financiero de la deuda, las transferencias a las entidades federativas y las pensiones. Aunado a ello, la deuda pública como porcentaje del PIB ha venido creciendo y se acerca a una situación en la que el grado de inversión pudiera ponerse en entredicho. En este contexto el financiamiento e implementación de las políticas de desarrollo económico que el Plan Mexico busca poner en marcha pasa por la participación voluntaria del sector privado.
Finalmente, el Plan México enfrenta un delicado equilibrio entre nacionalismo económico e integración internacional. A diferencia de las estrategias de sustitución de importaciones del pasado, el entorno actual exige políticas que fortalezcan la capacidad productiva interna sin cerrar la economía ni desalentar la competencia. El reto consiste en diseñar instrumentos que fomenten el desarrollo de capacidades nacionales sin caer en prácticas proteccionistas que reduzcan la eficiencia. Para ello, resulta indispensable que, aprovechando la revisión del tratado comercial de América del Norte, se incorporen medidas que además de permitir una mayor inserción en las cadenas de valor en Norteamérica, potencien el desarrollo del sector productivo nacional a partir de la transferencia de tecnología, la generación de mayor valor agregado nacional y la posibilidad de ampliar el comercio con otros países. Dado que a los ojos del gobierno norteamericano ello puede atentar contra sus intereses, esto constituye un importante reto. El lograrlo o no, es lo que en parte definirá si el tratado de libre comercio sea una palanca de crecimiento y de desarrollo.
El Plan México representa una oportunidad relevante para impulsar el desarrollo productivo del país. No obstante, la experiencia histórica sugiere que el resultado final dependerá menos de la intención de la política y más de su diseño, de la disciplina que impongan sus mecanismos de evaluación, de la calidad de su implementación y de la estabilidad del entorno macroeconómico en el que se inserte. ¿Está el Estado mexicano preparado para ello?.
Análisis de especialistas de la Universidad Iberoamericana son presentados a nuestros lectores cada 15 días en un espacio que coordina el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, CDMX
Comentarios: pablo.cotler@ibero.mx
* El autor es profesor-investigador del Departamento de Economía