Las voces de alerta llegaban de todas partes: “Con moches, cualquiera puede obtener una licencia federal para manejar trenes, tráileres, tractocamiones y otros vehículos pesados”…
–¿Cualquiera? –se insistía con cierta duda a médicos, gestores, ex funcionarios y operadores del autotransporte, a quienes se iba conociendo en el camino. “Hasta tuertos, adictos y desequilibrados mentales pueden sacarla, por eso tantos accidentes”, fue una de las respuestas más taladrantes, y móvil de esta investigación.
La hebra periodística comenzó a jalarse tras lo ocurrido el 28 de diciembre de 2025, en Oaxaca: el descarrilamiento del Tren Interoceánico -una de las obras insignia de López Obrador-, el cual dejó más de 145 afectados, entre estos 14 muertos. Según la FGR, conductor, maquinista y jefe de despachadores violaron los estándares de seguridad y actuaron con incapacidad: el tren iba a exceso de velocidad y los dos primeros carecían de licencia federal vigente.
Aún resonaba el eco de la tragedia de septiembre de 2025 en el Puente La Concordia de Iztapalapa, cuando volcó y explotó una pipa de gas, con un saldo mayor a 143 víctimas, entre las cuales hubo 32 fallecidas. La Fiscalía de la CDMX también responsabilizó al chofer -quien murió días después-: lo acusó de falta de pericia y de conducir a alta velocidad.
De aceptarse las predecibles versiones oficiales, ¿quién o quiénes permitían dentro de las instituciones o empresas involucradas operar a conductores “incompetentes”, con licencias irregulares?, ¿cuál es el nivel de adiestramiento y capacitación de quienes cuentan con una licencia federal para el transporte terrestre o aspiran al documento?, ¿hay constancia de su óptimo estado físico y emocional, indispensable para transitar de forma segura por las vías generales de comunicación del país?
Mordidas. Frente a numerosos testimonios de licencias tramitadas en la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) sin cumplir los requisitos marcados en la ley, y con la simple repartición de mordidas, este reportero decidió comprobarlo de manera directa.
¿Podía un periodista, con evidentes limitaciones en la maniobra de autos compactos, conseguir una licencia para conducir camiones, pipas y unidades de carga pesada?, ¿era posible hacerlo sin someterse a revisiones médicas y psicológicas y sin aprobar la capacitación obligatoria?
La respuesta fue: sí. Sin ningún control ni supervisión, mediante un trámite realizado desde el asiento de una redacción, la SICT aprobó y emitió la licencia federal tipo B, de carga, con el número LFD01240125, a nombre de Daniel Blancas Madrigal, por un periodo de cuatro años: desde el 20 de marzo de 2026 hasta el 20 de marzo de 2030.
<i><b>Los documentos que el reportero de investigación Daniel Blancas logró conseguir sin acudir a ninguna cita y recurriendo solamente al mercado negro de licencias federales para operar unidades de carga pesada. Bajo estas líneas, el reportero en el registro oficial de conductores de tráilers; a un lado, la la constancia que avala que tomó el curso y capacitación obligatorios para conducir ese tipo de vehículos. En la página siguiente, comprobante de expedición de licencia de conducción digital y certificado de capacidad física y sicológica</b></i>
— Permisos médicos, mentales y de capacidad de conducción entregados sin realizar los exámenes
El documento aparece ya en la base de datos de la Secretaría, según se puede constatar en la página oficial de “Consulta de Licencias Federales de Conductor”, a cargo de la Dirección General de Autotransporte Federal. Al introducir los números de licencia y de un supuesto expediente médico -el cual jamás se realizó-, se despliega el registro institucional, con la fotografía a todo color del “avezado” operador.
“Cumple con los requisitos para poder conducir”, es la leyenda inicial. A la par, se detalla vigencia, anuencia para circular en toda la República y el dictamen final del llamado Examen Psicofísico Integral (https://app.sct.gob.mx/ConsultaInfracciones/detalleLicFederal.do).
En la constancia de expedición de la licencia digital, la cual cuenta además con un código de barras y la firma del titular, se niega el uso de lentes -cuando en la realidad sí están prescritos por un oftalmólogo-, así como el padecimiento de enfermedades como diabetes e hipertensión.
Incluye un manifiesto fechado el 20 de marzo de 2026 y firmado por Irma Dorantes Villamil, directora de Trámites de Servicios de Autotransporte Federal y a quien operadores y empresarios del autotransporte de carga han acusado desde 2025 de múltiples irregularidades y corruptelas; incluso, han organizado protestas para exigir su destitución y la de otros funcionarios de la SICT, “por crear al interior de la dependencia un entramado enfocado a agilizar trámites a cambio de dinero”.
El escrito, dirigido al “conductor de carga” Blancas Madrigal, puntualiza en un primer párrafo las diversas leyes, reglamentos y acuerdos en los cuales se basó la emisión.
Luego señala, en tono festivo: “Nuestro objetivo es que el uso y adopción de la Licencia Federal Digital desplegada mediante teléfono celular impulse el desarrollo de habilidades y capacidades digitales, favoreciendo que los conductores de autotransporte federal, transporte privado y sus servicios auxiliares logren un aprovechamiento eficiente de las tecnologías, incorporándose a la cuarta revolución industrial”.
“Para aquellos casos en los que su empleador o la autoridad competente requiera verificar la validez y vigencia de la Licencia expedida a su favor, podrán optar por acceder a la Base de Datos a través de sus equipos de telefonía celular, escaneando el Código QR en el presente documento… La Constancia debe ser aceptada para acreditar el cumplimiento de los requisitos médicos, de capacitación y administración establecidos en la normatividad vigente, para la conducción de vehículos de acuerdo con la categoría que se trate”.
Norma burlada. Para obtener una licencia de carga o renovarla, el artículo 88 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares obliga a los aspirantes a presentar ante la SICT una “constancia de aptitud psicofísica”, conocida como Examen Psicofísico Integral (EPI), además de un “certificado de capacitación”.
De acuerdo con el Reglamento Interior de la SICT, la Dirección General de Autotransporte Federal, a cargo de Luis Ruiz Hernández, tiene la atribución de expedir, controlar, refrendar y cancelar la licencia, así como de vigilar e inspeccionar los centros de capacitación, aprobar los programas de adiestramiento y al personal instructor (artículo 23).
Por su parte, la Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, cuya titular es Sonia Edith Jiménez Hernández, tiene la encomienda de determinar las condiciones y aptitudes psicofísicas de todos los operadores del transporte terrestre (vehículos pesados y trenes).
Ambas direcciones dependen de manera directa de la Subsecretaría de Comunicaciones y Transportes, liderada por la arquitecta Tania Carro Toledo.
Así, la red de corruptelas toca una subsecretaría y dos direcciones de la SICT; un triángulo negro conformado por Ruiz Hernández, Jiménez Hernández y Carro Toledo, y personal directivo.
Tanto los exámenes psicofísicos y toxicológicos como las cursos de capacitación pueden ser aplicados y/o impartidos por particulares avalados y vigilados por las direcciones referidas, bajo la etiqueta de “terceros autorizados”, conforme a los reglamentos de Autotransporte Federal y Medicina Preventiva en el Transporte.
“A finales de 2010 la SCT carecía de capacidad para realizar exámenes psicofísicos y abrió el programa para que pudieran hacerlo médicos externos, sí tuvo vicios, se descubrieron pruebas inventadas, pero al menos el sistema tenía ciertos candados y desahogó la saturación. Con la llegada de AMLO se revocó a esos médicos, eran como 300, con el argumento de recuperar la rectoría del estado, pero fue un fiasco. En las 42 unidades médicas de la Secretaría no había ni gasas. Se implementó un esquema de citas por teléfono, terminaron vendiéndose, siguió la corrupción y el cuello de botella”, señala Manuel Andrade, gestor en temas de transporte.
“En 2021 llegó a Medicina Preventiva José Manuel Nogueira, se ostentaba como el cardiólogo de López Obrador; volvió a privatizar el servicio, se convirtió en padre de los Sobornos del Bienestar, dio autorizaciones médicas a sus cuates o a quien ofrecía moches mensuales, impuso un examen en línea amañado. Se documentó que algunos médicos eran reclutados por redes sociales, sólo para mal usar su cédula. En algunos casos, en las direcciones no había consultorios, sino centros de depilación o sex shops”.
-¿Al menos los exámenes a conductores eran fiables?
-No, al principio no había un tope respecto al número a realizar por día, empezaron a salir como si fueran quesadillas. Negociazo. En 2023 asumió el cargo un militar: Guillermo García Pinto, y se comenzó a poner límites: se fijaron en 10 al día y paulatinamente se redujeron a siete. ´¿Para qué voy a gastar en papel, en mantenimiento a equipos y en la renta de un espacio?´, se preguntaron quienes tenían autorizaciones. ´Si tengo un médico autorizado, le doy una parte del botín, hago exámenes a distancia y los cobro en una lanota, que se frieguen los operadores´. Han llegado a costar hasta 5 mil pesos y todo se simula. Hoy no sabemos nada sobre la salud de los conductores, se destruyó la base de datos de la Secretaría, todos meten mano. Cualquiera puede sacar una licencia.
Y sí, cualquiera…
-¿Cómo hago para sacar mi licencia para manejar tráileres? -preguntó el reportero a un amigo operador.
-Búscate un gestor, pero de los buenos, ellos tienen contactos en la Secretaría, se dan las mochadas y en unas semanas ya está…
<i><b>Artículo 41.- La práctica de los exámenes psicofísico integral y exámenes toxicológicos podrá realizarse a través de personas físicas o morales que obtengan previamente de la Secretaría, por conducto de la Dirección, la autorización correspondiente.</b></i>
<i><b>Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal</b></i>
<i><b>Artículo 57.- Para operar un centro destinado a la capacitación y el adiestramiento de conductores del servicio de autotransporte federal, será necesario contar con las autorizaciones que otorguen las autoridades correspondientes. La Secretaría se coordinará con las autoridades competentes para los requisitos de establecimiento, así como para los planes y programas de capacitación y adiestramiento</b></i>
— Reglamento del Servicio de Medicina Preventiva en el Transporte.