El caso de Diego Daniel Szwarc, ciudadano uruguayo radicado en México, ha escalado más allá del ámbito familiar y judicial, al punto de perfilarse como un posible foco de fricción entre Uruguay y México, en medio de señalamientos sobre fallas en la impartición de justicia.
Szwarc denuncia que se le ha impuesto el pago de una pensión alimentaria que supera ampliamente sus ingresos mensuales, colocándolo en una situación materialmente imposible de cumplir y derivando en su separación de sus hijos.
El caso alcanzó dimensión constitucional luego de que obtuviera una resolución favorable en el amparo indirecto 1232/2024. No obstante, dicha protección fue revertida tras la tramitación del amparo en revisión 134/2025, resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, que ordenó reponer el procedimiento y dejó sin efectos la sentencia que lo beneficiaba .
El punto más controvertido radica en la forma en que se promovió ese recurso. De acuerdo con su defensa, Szwarc no interpuso la revisión; ésta habría sido presentada por la contraparte indebidamente a su nombre, lo que podría constituir un fraude procesal. A pesar de ello, el órgano colegiado resolvió el fondo del asunto sin pronunciarse sobre esa presunta irregularidad.
La decisión fue aprobada por mayoría del magistrado José Isabel González Nava y la secretaria en funciones de magistrada Wendy Reyes Jiménez, con voto en contra del magistrado presidente Alberto Roldán Olvera, evidenciando división interna en el tribunal . Además, el expediente revela inconsistencias en firmas electrónicas de actuaciones clave, lo que generó incertidumbre jurídica y obligó a ordenar la reposición del procedimiento .
El caso se inserta en el contexto de la reforma al Poder Judicial, donde diversos sectores advierten efectos colaterales derivados de resoluciones emitidas sin criterios sólidos o sin una adecuada valoración de las condiciones económicas reales de las partes, lo que termina afectando directamente a personas y familias.
En su llamado a diputados federales, Szwarc busca visibilizar este problema estructural y solicitar intervención institucional ante lo que considera una injusticia que no solo lo afecta a él, sino a decenas de casos similares en México.
Por tratarse de un ciudadano extranjero, el conflicto podría escalar a un plano diplomático si se consolidan los señalamientos de vulneración a derechos, lo que colocaría bajo presión internacional al sistema judicial mexicano. Mientras la Suprema Corte define su posible intervención, el caso de Diego Daniel Szwarc se perfila como un precedente que podría trascender fronteras.