A una semanas de que la Corte facultó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para bloquear cuentas bancarias sin orden judicial, el PT en el Senado busca atajar esta medida para impedir que se violenten los derechos y garantías de la ciudadanía en general, por lo cual impulsa una iniciativa para incorporar la autorización judicial previa al proceso de inclusión en la lista de personas bloqueadas.
La iniciativa de la bancada del PT que lidera Alberto Anaya, advierte que no pretenden eliminar la capacidad del Estado para prevenir delitos financieros, pero si garantizar que el bloqueo de cuentas bancarias no viole derechos como la audiencia previa y la presunción de inocencia.
Se requiere fortalecer su legitimidad mediante la incorporación de un control judicial previo, advierte
A principios de abril pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la facultad de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda para introducir a alguien a la Lista de Personas Bloqueadas, sin orden judicial, cuando haya sospechosa de actividad ilícita como lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
El senador Alberto Anaya destacó que el control judicial previo no es una figura ajena al sistema jurídico mexicano, ya que es un principio estructural en múltiples ámbitos donde existe una posible afectación a derechos fundamentales como las intervenciones de comunicaciones, las órdenes de cateo, las órdenes de aprehensión y otras medidas invasivas que requieren la autorización de un juez.
En este sentido, dijo, el bloqueo de cuentas, por sus efectos materiales, no es menor a estas medidas ya que quien pierde el acceso a su patrimonio no enfrenta una simple molestia administrativa, sino una paralización total de su vida económica.
“Equiparar esta medida con un acto administrativo ordinario es desconocer su verdadero alcance, por lo que la incorporación de una autorización judicial previa introduce un elemento esencial: la imparcialidad”, aseveró.
La iniciativa que fue turnada a las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos, Segunda del Senado para su análisis, delimita con claridad los supuestos en los que se puede proceder con la inclusión en la lista de personas bloqueadas y vincula la medida a la existencia de una orden judicial que establezca la relación con delitos específicos como el financiamiento al terrorismo o las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“No se puede perder de vista que el combate al lavado de dinero y al financiamiento al terrorismo es una obligación del Estado mexicano. Pero esta obligación no puede cumplirse a costa de debilitar los principios que sostienen el orden constitucional y legal”, enfatizó el senador Alberto Anaya.
Además, aseveró que de ser aprobada su propuesta tendría un impacto en la confianza en las instituciones, ya que actualmente al ser un sistema que permite la afectación inmediata del patrimonio sin intervención judicial generará percepciones de arbitrariedad, incluso cuando la medida esté justificada.
“En cambio, un sistema que incorpora controles previos fortalece la legitimidad de la acción estatal y reduce el riesgo de abusos. Genera incluso confianza en las inversiones extranjeras”, sostuvo.