La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que espera que la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York aporte datos de prueba suficientes para que se conceda la solicitud de extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de nueve funcionarios públicos señalados de estar aliados con el narcotráfico y con el crimen organizado.
Datos de prueba, que, dijo la Fiscalía, aún no se han exhibido.
Esto, luego de que autoridades de justicia estadounidenses imputó cargos por narcotráfico y tráfico de armas — aliados con el Cártel de Sinaloa — a Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza Cázarez, Enrique Díaz Vega, Secretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Zaavedra, Marco Antonio Almanza Avilés, Jefe de Investigación criminal de Sinaloa, Alberto Jorge Contreras Núñez, A/K/A “Cholo”, Gerardo Mérida Sánchez, hasta 2024 exjefea dela Policía estatal; José Antonio Dionisio Hipolito, Alias “Tornado”, fue segundo al mando de la Policía estatal; Juan De Dios Gamez Mendivil, alcalde activo de Culiacán, y Juan Valenzuela Millán, comandante de la policía municipal de Culiacán, alias “Juanito”.
La justicia americana pidió que la FGR acepte una solicitud de extradición para que estos funcionarios, en su mayoría morenistas, comparezcan ante un juez en Estados Unidos.
En voz del doctor Raúl Jiménez Vázquez, titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial de la FGR, la institución explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores turnó la la Fiscalía mexicana la solicitud de la Fiscalía de Nueva York, dependiente del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la petición de detener con fines de extradición a Rocha y sus cercanos, sin embargo, aclaró que este procedimiento no se trata de un proceso de extradición formal, si no de una solicitud de una medida cautelar.
Reiteró que su obligación es la procuración de justicia con base en las facultades, sin embargo, subrayó Jiménez Vázquez, esta posibilidad de detención constituye a una restricción a los Derechos Humanos, por lo que esta medida cautelar sólo puede ser otorgada si existen motivos, fundamentos y suficientes datos de prueba sólidos y encuadrables en la normatividad nacional e internacional.
Aunque dicha medida cautelar tiene la finalidad de evitar que se evite la sustracción de la acción de la justicia, se debe de acreditar más allá de toda duda razonable la urgencia de la autorización de la detención provisional.
En tanto, reiteró el fiscal, el pedimento de este arresto provisional fue examinado por el área de Asuntos Internacionales, por lo que las autoridades mexicanas concluyeron que no existe alguna referencia, motivo, fundamentos o referencia en el que se requiera de detención.
Igualmente, advirtió, no existen pruebas anexas que acrediten la participación de estos funcionarios en delitos que urjan la extradición.
“La difusión pública de la información base de este pedimento, pone en riesgo el debido proceso”, dijo Jiménez Vázquez.
Agregó que la FGR envió una solicitud a la Cancillería para que se soliciten todas las pruebas, argumentos, informes y documentos que sean necesarios, por las vías que garanticen la confidencialidad de la información, para que la FGR esté apta para analizar la documentación y así fijar un posicionamiento de carácter institucional.
“Reiteramos que por nuestra parte se llevan a cabo las investigaciones correspondientes sobre los posibles hechos ocurridos, referidos en territorio nacional”, concluyó el fiscal.
Cuando se ventilaron las acusaciones de la justicia estadounidense hacia Rocha Moya y los demás servidores públicos, la FGR anunció que revisará la documentación enviada por el Gobierno de Estados Unidos sobre su solicitud de detención con fines de extradición.
En ese momento, cuestionaron que el gobierno estadounidense “haya hecho pública la acusación, ya que este tipo de solicitud son de carácter confidencial” y esta ya se hizo del dominio público.
Insistieron en que “en este como en cualquier otro caso de solicitud internacional debemos cumplir con todos los protocolos” y subrayó que “corresponde a la institución revisar la documentación para determinar si procede”.
“Debemos cumplir todos y cada uno de los procedimientos establecidos en la normatividad vigente”, afirmó la FGR al apuntar que la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales revisa la documentación enviada por autoridades estadounidenses para determinar si cumple con los requisitos legales en México.
“Es obligación de esta Fiscalía analizar la documentación recibida para analizar si existen los elementos probatorios para tal fin y sobre la viabilidad de la solicitud”, indicaron.
Refirieron que conforme a la legislación mexicana se requieren datos de prueba para solicitar órdenes de aprehensión. Sin embargo, puntualizó que “dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes”.
Nexos con el narcotráfico
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York insiste en que los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos. El caso está asignado a la jueza federal Katherine Polk Failla”.
A los imputados se les relaciona con el Cártel de Sinaloa, según la denuncia presentada por la DEA y la fiscalía del sur de Nueva York.
“Los acusados son todos funcionarios de alto rango, actuales o anteriores, del gobierno y las fuerzas del orden del estado mexicano de Sinaloa, incluido el actual gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”.
Asimismo, destaca que “como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”, apuntan las autoridades americanas.
Rocha Moya enfrentaría una cadena perpetua o 40 años de prisión por los cargos de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.