En atención a uno de los principales problemas que azotan al país, la Secretaría de Gobernación se ha encargado de impulsar medidas para que la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas se realicé desde las instituciones de gobierno de una forma más simplificada, rápida y eficaz.
El pasado dos de abril, el Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED) solicitó al Secretario General de las Naciones Unidas remitir urgentemente la situación de las desapariciones forzadas en México a la Asamblea General de las Naciones Unidas para considerar medidas destinadas a apoyar al país en la la prevención, investigación, castigo y erradicación de este crimen.
Mediante la Secretaría de Gobernación, el gobierno de México rechazó el informe presentado por el CED ya que se omitieron los avances institucionales en contra de la desapariciones forzadas desde 2018 al acusar que “las autoridades siguen desbordadas por la magnitud de la crisis, y siguen siendo urgentemente necesarias reformas estructurales para prevenir las desapariciones y garantizar la rendición de cuentas”.
Los avances a los que refiere la Secretaría omitidos en el informe destacan principalmente las medidas emprendidas desde el inicio de la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum, que se han desarrollado bajo el cargo y la supervisión de la secretaria Rosa Icela Rodríguez.
En primer lugar, a lo largo del año 2025 se realizaron más de 450 reuniones con más de 450 colectivos de búsqueda de personas y familiares de personas desaparecidas para conocer su perspectiva de las reformas y leyes e iniciativas presentadas por el gobierno federal, y tomar en cuenta sus necesidades, a partir de las que se recabaron 570 propuestas legislativas y en política pública.
Estas Mesas de Diálogo fueron encabezadas por la secretaria Rosa Icela Rodríguez, quien remarcó que dichos encuentros se realizaron con el objetivo de garantizar y respetar el derecho a ser escuchados, atendidos y tratados con respeto, dignidad sensibilidad y empatía, no como una mera concesión a las víctimas.
En ellas, se contó con la participación de 17 dependencias internas y externas del Gobierno de México con el fin de impulsar un trabajo colaborativo para que la búsqueda inmediata nacional sea efectiva. Entre estas instituciones se encuentran:
La Dirección General de Registro Nacional de Población, la Fiscalía General de la República, la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de Búsqueda, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos; el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México.
Las propuestas de trabajo discutidas durante estas reuniones se basan principalmente en cinco ejes de trabajo: búsqueda y seguridad; identificación humana forense; bases de datos y sistemas de información; bienestar; y prevención.
En este sentido, se destaca el decreto presidencial para fortalecer los procesos de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas admitido durante la presente administración, que reconoce en primera instancia el derecho humano a ser encontrado y el derecho de las víctimas a buscar a sus familiares, mismo que deben ser garantizados y protegidos por el Estado.
Además, se propuso la reforma a diversas leyes como la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. De la modificación de éstas, se derivan diez puntos mismos que ya han sido puestos en acción para fortalecer los procesos de búsqueda de personas. Estos puntos son:
1.- La creación de una Plataforma Única de Identidad, la cual integra la CURP con huella y fotografía desde el nacimiento, no sólo a partir de los 18 años, como está actualmente en la identificación electoral, si no se propone que sea desde el nacimiento.
2.- La Alerta Nacional para la Búsqueda, Localización e Identificación con activación inmediata en todo el país, al momento de un reporte de desaparición o no localización de una persona y que hace obligatoria la participación de autoridades y entidades públicas y privadas.
3.- La Base Nacional de Carpetas de Investigación para que sea un registro único de todas las carpetas iniciadas por el delito de desaparición, actualizado en tiempo real por las fiscalías especializadas y operado por la Fiscalía General de la República.
4.- Que autoridades de los tres niveles de gobierno vinculen sus sistemas y registros con la Plataforma Única de Identidad.
5.- Que particulares, como laboratorios, funerarias y hospitales, habiliten servicios gratuitos de consulta y acceso en tiempo real a sus archivos y bases biométricas para facilitar la búsqueda e identificación.
6.- El fortalecimiento institucional, para que las fiscalías cuenten con unidades de análisis de contexto, áreas de búsqueda inmediata y de larga data, apoyo a las unidades de atención a víctimas, reforzamiento de departamentos especializados en delitos cibernéticos y que se establezcan perfiles mínimos para el personal que prestará servicios a estas instituciones.
7.- Inicio inmediato de investigaciones. En cuanto una autoridad recibe un reporte o denuncia, deberá notificar a la Fiscalía Especializada y a la Comisión Nacional de Búsqueda que activará acciones en paralelo.
8.- Capacitación y profesionalización continua para el personal ministerial, policial y pericial.
9.- Obligación de toda autoridad para alimentar el Banco Nacional de Datos Forenses, y en caso de no hacerlo será sancionada.
10.- Las sanciones administrativas a particulares que nieguen acceso a información contenida en sus bases de datos o registros.
Aunque la secretaria Rosa Icela Rodriguez enfatizó en numerosas ocasiones durante las reuniones con familiares y colectivos de búsqueda, el compromiso desde la dependencia que encabeza y del gobierno de la Presidenta Sheinbaum, para que todas las víctimas de la desaparición en el país no vuelvan a sufrir la omisión y maltrato de malos servidores públicos, el fenómeno sigue creciendo y acumulando expedientes.
De acuerdo con información del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, en 2025 se registraron 128 mil casos de desaparición, situación que se ha identificado como resultado del enfrentamiento de diversos grupos del crimen organizado en territorio mexicano.
El mayor impulso que esta administración ha dado con el objetivo de realizar la localización de personas desaparecidas, fue la publicación del Protocolo Nacional para la Activación de la Alerta Nacional de Búsqueda, Localización e Identificación de Personas
Desaparecidas y No Localizadas, por el que se instaura una difusión masiva de las fichas de búsqueda, trabajo coordinado entre las distintas fiscalías, la activación inmediata de mecanismos de búsqueda como Alerta Amber, Protocolo Ambar e Interpol.
Así, persisten retos para apoyar de forma integral a las víctimas de desaparición en México, como acciones de bienestar integral dirigidas a hijas e hijos de personas desaparecidas, protección y tratamiento de los datos personales, y acciones que prevengan la reproducción de más casos de personas desaparecidas y no localizadas.