La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se sumó a las críticas contra la propuesta de adelantar el cierre del ciclo escolar 2025-2026 y pidió a la Secretaría de Educación Pública (SEP) reconsiderar la medida anunciada para concluir clases el próximo 5 de junio.
El organismo consideró que reducir más de cinco semanas el calendario escolar podría afectar directamente a niñas, niños y adolescentes, especialmente porque el siguiente ciclo arrancaría hasta el 31 de agosto de 2026.
En un posicionamiento, la CNDH alertó que la decisión impacta únicamente en las actividades escolares, pero no modifica las jornadas laborales de madres, padres y cuidadores, lo que podría dejar a muchos menores sin acompañamiento durante un periodo prolongado.
La Comisión señaló que esta situación incrementa riesgos relacionados con accidentes, violencia y problemas en el desarrollo físico, emocional y social de la infancia.
Además, recordó que cualquier decisión sobre el sistema educativo debe tomar como prioridad el interés superior de niñas, niños y adolescentes, principio establecido en la Constitución y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La SEP justificó el ajuste al calendario por las altas temperaturas y la realización del Mundial de Futbol 2026; sin embargo, la CNDH consideró que estas acciones funcionan solo como medidas temporales y no resuelven de fondo las problemáticas relacionadas con el cuidado infantil y la educación.
El organismo también advirtió que muchas familias no cuentan con redes de apoyo suficientes para garantizar el cuidado adecuado de los menores durante un periodo tan largo fuera de las aulas.
Según la Comisión, esto podría colocar a niñas y niños en condiciones de mayor vulnerabilidad y afectar su desarrollo integral a corto y largo plazo.
Por ello, pidió a la SEP y al Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu) revisar el impacto real de la medida y generar mecanismos que consideren las condiciones sociales, familiares y laborales de millones de hogares en el país.
La CNDH insistió en que las decisiones educativas deben construirse tomando en cuenta no solo factores logísticos o coyunturales, sino también las necesidades de protección y bienestar de la infancia mexicana.