A unas horas de la conmemoración del Día de las Madres, distintas organizaciones No Gubernamentales (ONG) exhortan al gobierno mexicano a abrir la puerta a la ayuda internacional para atender la crisis de personas desaparecidas que enfrenta el país.
El llamado surgió después de que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED) llevara la situación de México ante la Asamblea General de la ONU, en un contexto donde el registro oficial supera las 130 mil personas desaparecidas.
En un pronunciamiento conjunto, la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y el Robert & Ethel Kennedy Human Rights Center expresaron solidaridad con las madres y familias buscadoras que continúan recorriendo el país en busca de respuestas.
Las organizaciones señalaron que, para miles de familias mexicanas, el Día de las Madres no se vive como una celebración, sino entre la incertidumbre y el dolor por no saber dónde están sus seres queridos.
Además, pidieron al Estado mexicano aprovechar la posibilidad de recibir apoyo internacional para reforzar las tareas de búsqueda, identificación forense e investigación de casos relacionados con desapariciones.
De acuerdo con el posicionamiento, el Comité contra la Desaparición Forzada activó el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas y remitió el caso mexicano a la Asamblea General de la ONU para impulsar medidas de acompañamiento y asistencia.
Las organizaciones advirtieron que es la primera vez que el comité utiliza este mecanismo, debido a la gravedad de la situación y a la falta de respuestas efectivas frente a las desapariciones en México.
También alertaron sobre los riesgos que enfrentan madres buscadoras y colectivos en distintas regiones del país, especialmente tras los asesinatos de personas dedicadas a la búsqueda registrados en meses recientes.
En el documento, los organismos consideraron que aceptar apoyo internacional no representa una sanción para México, sino una oportunidad para fortalecer las acciones institucionales y avanzar en el derecho a la verdad y la justicia para las familias.
Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades mexicanas para escuchar a las víctimas y construir soluciones junto con los colectivos y organismos internacionales especializados en derechos humanos.