Tras un proceso de fiscalización a más a casi cien universidades públicas estatales, interculturales, tecnológicas y politécnicas institutos tecnológicos, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó posibles irregularidades y “malas prácticas” por más de dos mil 404 millones de pesos sobre todo por “conceptos no autorizados”, trasferencias a fondo de pensiones sin soporte documental y trasferencias a cuentas no autorizadas.
De hecho, el monto de posibles irregularidades en escuelas de educación superior aumentó más de 300 millones en comparación de la revisión de la Cuenta Pública en el 2022 a la del 2024, pese a las observaciones y recomendaciones emitidas previamente por la ASF a estas escuelas.
En 2022, la ASF identificó un monto con posibles irregularidades en las universidades de 1,564 millones de pesos pero en la del 2024, estas irregularidades aumentaron a mil 879 millones de pesos.´
En un análisis del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) a la fiscalización que realizó la ASF a las casi 100 escuelas de educación superior en México, evidenció una seria de malas prácticas, omisiones, y hasta posibles irregularidades
De las diez instituciones con mayor monto por aclarar, las Universidades Autónomas de Nuevo León (UANL) con 582 millones de pesos, la Michoacana de San Nicolás de Hidalgo con 295 mdp y la Universidad Autónoma de Campeche con 232 mdp son las instituciones de nivel superior con los montos más altos con posibles irregularidades sin aclarar.
Actualmente, las instituciones de educación superior analizadas concentran una matrícula educativa de más de 2.3 millones de estudiantes que representan casi 70% de la matrícula de educación superior.
El análisis del IMCO exhibe malas prácticas de gasto en las instituciones educativas como pagos dobles o erróneos al personal, “conceptos no autorizados”, trasferencias a fondo de pensiones sin soporte documental y trasferencias a cuentas no autorizadas.
Además—agrega--, la ASF ha mostrado limitaciones institucionales para dar seguimiento a las acciones y para recuperar los millonarios recursos federales.
IRREGULARIDADES MILLONARIAS
Tan solo por transferencia a pago de pensiones sin soporte documental se detectaron 922.8 millones de pesos que no fueron sustentados.
Pero la ASF también registró 315.6 millones de pesos de “transferencias a cuentas no autorizadas”, así como 134.9 millones de pesos trasferidos a sindicatos de las escuelas de educación superior que no se demostraron.
Asimismo 109.3 millones de pesos de recursos ejercidos en conceptos que no cumplen con los objetivos.
En total, la ASF verificó el ejercicio de $111,557 millones de pesos, lo que representa 89% del total por fiscalizar ($125,466 millones) de los recursos federales asignados a las universidades estatales.
La Auditoría encontró $2,404 millones de pesos con posibles irregularidades, monto equivalente a 2% de los recursos auditados que sigue en proceso de aclaración por las instituciones educativas.
Actualmente, las instituciones de educación superior analizadas concentran una matrícula educativa de más de 2.3 millones de estudiantes que representan casi 70% de la matrícula de educación superior.
En 30 de 35 de las universidades públicas estatales, más de la mitad de sus recursos provienen de la Federación, el resto proviene de fondos estatales y recursos propios.
En el caso de la Universidades Autónomas de Benito Juárez Oaxaca y Yucatán, casi 90% del presupuesto total corresponde a fondos federales, lo que reduce su nivel de autonomía.
El IMCO advierte que la permanencia de fallas en el gasto público de la educación superior debilita la sostenibilidad financiera de las instituciones educativas y limita la calidad de la educación que reciben los estudiantes.
En este contexto, es fundamental que las instituciones públicas de educación superior en México atiendan las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación e implementen las acciones necesarias para evitar que se repitan las prácticas irregulares.