El sistema de salud mexicano arrastra una crisis desde hace años. La fragmentación institucional, la insuficiencia presupuestaria y las desigualdades de acceso han limitado su capacidad para responder a las necesidades de la población. Aunque el gobierno plantea avanzar hacia un “Servicio Universal de Salud” mediante la coordinación entre IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, las condiciones actuales hacen difícil pensar en una verdadera universalización. El proyecto descansa más en mecanismos administrativos y de credencialización que en una expansión real de capacidades. Persisten problemas estructurales: bajo gasto público, falta de infraestructura, escasez de personal médico y altos gastos de bolsillo, especialmente entre los hogares más pobres.
Uno de los retrocesos más visibles ocurrió tras la desaparición del Seguro Popular. Aunque el esquema tenía deficiencias y permitía usos ineficientes de recursos estatales, ofrecía protección financiera a millones de personas sin seguridad social. En 2018, el CONEVAL estimaba que más de 23 millones de personas no tenían acceso efectivo a servicios de salud. La sustitución del Seguro Popular por INSABI y posteriormente por IMSS-Bienestar no logró consolidar un sistema homogéneo ni funcional. Según INEGI (2025), 44.5 millones de personas carecían de acceso a servicios públicos de salud en 2024, equivalentes al 34.2% de la población. Más que reducir desigualdades, los cambios recientes aumentaron la incertidumbre y la desorganización operativa. (Ver gráfica 1).
El problema financiero sigue siendo central. México mantiene un gasto público en salud por debajo de las recomendaciones internacionales. Mientras la OMS plantea un piso cercano al 6% del PIB para garantizar cobertura efectiva, el país continúa lejos de ese nivel. Las consecuencias son visibles: hospitales saturados, déficit de especialistas, desabasto de medicamentos y tiempos de espera prolongados para consultas, cirugías y estudios diagnósticos.
La debilidad del sistema público obliga a millones de familias a resolver sus necesidades de salud mediante gasto privado. Consultas, medicamentos, estudios clínicos y tratamientos especializados se pagan cada vez más fuera de las instituciones públicas. Entre los hogares de menores ingresos esto suele traducirse en gastos catastróficos, endeudamiento o reducción del consumo básico. Las barreras son todavía mayores en enfermedades crónicas, cáncer y padecimientos cardiovasculares, donde la atención especializada resulta costosa y muchas veces inaccesible.
La capacidad operativa también está rebasada. México tiene entre 0.72 y 1.6 camas hospitalarias públicas por cada mil habitantes, muy por debajo de la referencia internacional de 2.5 camas sugerida por la OMS. Con poco más de 150 mil camas estimadas para 2024, el sistema enfrenta problemas permanentes de saturación. Muchas unidades médicas carecen de personal suficiente, equipamiento funcional o insumos básicos para atender padecimientos complejos. El resultado son cirugías diferidas, atención fragmentada y largos tiempos de espera.
El problema no es únicamente de cobertura nominal, sino de capacidad real para atender pacientes con oportunidad y calidad. Pues también, muchas unidades de salud carecen de insumos básicos, equipamiento funcional o personal suficiente para resolver padecimientos complejos. En consecuencia, la población enfrenta largos tiempos de espera, diferimiento de cirugías y atención fragmentada.
En este contexto, la propuesta de permitir el intercambio universal de servicios entre IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar genera importantes interrogantes financieras y operativas. El problema no radica en la idea de coordinación institucional en sí misma —la cual podría ser positiva— sino en intentar ampliar el acceso sin una expansión proporcional del presupuesto público. Actualmente, el IMSS atiende aproximadamente a 77 millones de personas y el ISSSTE a cerca de 14 millones, ambos bajo condiciones de saturación creciente. Incorporar potencialmente a millones de personas adicionales sin seguridad social, sin aumentar significativamente infraestructura, personal y financiamiento, podría profundizar el deterioro del sistema. (Ver gráfica 2)
Hay un debate abierto sobre los incentivos perversos que pueden surgir cuando se amplían beneficios de salud sin fortalecer simultáneamente los mecanismos contributivos. El sistema de seguridad social mexicano se financia parcialmente mediante cuotas obrero-patronales aportadas por trabajadores formales y empleadores. Si la población puede acceder progresivamente a servicios similares sin necesidad de cotizar ni pagar contribuciones asociadas al empleo formal, se generan incentivos económicos adversos para la formalidad laboral. O bien, que trabajadores formales que tienen salario mínimo terminen financiando a trabajadores informales que proporcionalmente ganen más. Esto genera la percepción de inequidad entre quienes financian el sistema y quienes acceden a él sin contribuir directamente a su sostenimiento financiero.
La preocupación es especialmente relevante en un país donde más de la mitad de la población ocupada tiene condiciones de informalidad laboral. En lugar de fortalecer la base contributiva, una universalización mal financiada podría terminar subsidiando indirectamente la informalidad y debilitando aún más las finanzas de instituciones ya presionadas. El riesgo no es únicamente financiero; también es operativo. Instituciones como el IMSS y el ISSSTE podrían absorber una demanda creciente proveniente de sistemas con menor capacidad resolutiva, generando mayores tiempos de espera y deterioro adicional en la calidad de la atención para sus derechohabientes actuales.
Otro elemento preocupante es que gran parte de la estrategia anunciada parece centrarse en procesos de credencialización y operación territorial más que en un diseño que resuelva con capacidades para atender problemas de salud. La interoperabilidad digital, los registros poblacionales y los mecanismos administrativos pueden facilitar la coordinación institucional, pero no sustituyen la necesidad de invertir en hospitales, médicos, medicamentos y equipamiento. Sin un incremento sustancial y sostenido del gasto público, la universalización corre el riesgo de convertirse en una expansión burocrática de derechos nominales sin capacidad efectiva de cumplimiento.
En términos jurídicos e institucionales, también existen limitaciones importantes. Las leyes del IMSS y del ISSSTE establecen derechos específicos para sus derechohabientes y esquemas particulares de financiamiento. Modificar sustancialmente esos alcances mediante decretos, sin una reforma legal integral aprobada por el Congreso, genera incertidumbre sobre la sostenibilidad financiera y viabilidad real del modelo propuesto. La ausencia de reglas claras sobre compensación financiera entre instituciones aumenta el riesgo de conflictos presupuestarios y transferencia desordenada de costos.
El problema de fondo es que el Sistema de Salud necesita mucho más que mecanismos de intercambio de servicios. Requiere una reforma estructural de financiamiento, una expansión sustancial de infraestructura, fortalecimiento de recursos humanos y una estrategia seria para garantizar acceso efectivo y protección financiera a la población. Sin ello, el “Servicio Universal de Salud” puede convertirse únicamente en una ampliación simbólica de derechos imposibles de ejercer plenamente.
En un contexto de bajo crecimiento económico, restricciones fiscales y rezagos acumulados en infraestructura hospitalaria, prometer cobertura universal sin respaldo financiero suficiente puede generar nuevamente frustración y decepción entre los sectores más vulnerables de la población. La experiencia reciente con INSABI, el desabasto de medicamentos y la persistencia de carencias estructurales muestra que anunciar derechos no garantiza automáticamente su cumplimiento.
La universalización de la salud debería ser un objetivo primordial para cualquier país que aspire a reducir desigualdades sociales. Sin embargo, construir un sistema verdaderamente universal requiere recursos sostenidos, planeación institucional y capacidad operativa real. Mientras esas condiciones no existan, el riesgo es que las promesas de acceso universal terminen reproduciendo un patrón recurrente en la política social mexicana: expectativas elevadas, implementación limitada y nuevas formas de desprotección para quienes más necesitan servicios públicos de calidad.
Análisis de especialistas de la Universidad Iberoamericana son presentados a nuestros lectores cada 15 días en un espacio que coordina el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericanas, CDMX.
Comentarios: pablo.cotler@ibero.mx
La autora es profesora-investigadora del Departamento de Economía.