Con el proceso de retorno hace unos días de algunas familias desplazadas por la violencia a sus comunidad de Xicotlán en Guerrero, acompañado por autoridades estatales y federales no desaparece el miedo ni la crisis humanitaria grave, focalizada principalmente en las regiones de la Montaña Baja y la Sierra de esa entidad asolada por grupos criminales como Los Ardillos que han sembrado el terror en esa zona.
Las comunidades enfrentan asedios constantes, ataques armados y bombardeos con drones atribuidos al grupo criminal Los Ardillos en su disputa territorial con Los Tlacos sobre todo en la Región Montaña Baja de Chilapa, donde se estima que alrededor de mil familias indígenas han huido de sus comunidades ante el recrudecimiento de la violencia.
Poblaciones como Alcozacán y Cosacán han servido como refugio improvisado tras el incendio de viviendas.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, advierte que durante los últimos días, el grupo criminal “Los Ardillos” ha intensificado ataques con armas de grueso calibre, drones de vigilancia e implementando tácticas paramilitares.
Asegura que sus incursiones armadas provocaron el desplazamiento forzado de más de 1000 personas de las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuetán, quienes huyeron para resguardar su vida ante la ausencia total de protección estatal.
Por ello exigieron al Estado Mexicano investigar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales de los ataques, incluyendo a funcionarios públicos que hayan incurrido en omisión, tolerancia o complicidad.
Detener y desarticular al grupo criminal “Los Ardillos” y sus redes de operación y protección institucional y atender de inmediato la situación de las más de 2, 200 personas desplazadas, garantizando asistencia humanitaria, seguridad y condiciones para un retorno seguro y digno.
Paralelo a ello implementar medidas de protección urgentes, integrales y culturalmente adecuadas, con participación directa de las comunidades y autoridades tradicionales.
Hace unos días el gobierno federal a través del subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, acompañó el regreso de 118 personas, entre ellas mujeres, hombres, adultos mayores, niñas, niños, adolescentes y jóvenes a la comunidad de Xicotlán, en Guerrero.
Sin embargo, el CDH, Fray Bartolomé de las Casas advierte que la a violencia no solo continúa: se profundiza y ha provocado el desplazamiento de al menos mil 200 familias en la región por temor a morir a manos de los criminales.
La comunidad de Alcozacán, una de las principales bases organizativas del CIPOG‑EZ, se encuentra prácticamente vacía.
Desde el 11 de mayo, sus habitantes abandonaron sus hogares ante el temor fundado de nuevas incursiones armadas y sobrevuelos de drones.
El silencio en las calles, las casas abiertas y los caminos desiertos revelan la magnitud de la crisis: un pueblo entero obligado a huir para salvar la vida.
Los hechos recientes han provocado el desplazamiento forzado de 1,200 personas, que se suman a los desplazamientos previos, alcanzando un total de 2,200 personas desplazadas en la región.
Este desplazamiento masivo forma parte de un patrón sostenido de agresiones, amenazas y ataques contra comunidades indígenas que, desde hace años, denuncian la presencia y expansión de la delincuencia organizada en la Montaña baja, así como la omisión, permisividad y aquiescencia de los tres niveles de gobierno.
Según esta organización de derechos humanos, con la información más reciente, se reportan cuatro personas asesinadas, dos de ellas identificadas como José Guadalupe Ahuejote Xanteco y Víctor Ahuejote Arribeño, ambos de la comunidad de Xicotlán; las otras dos víctimas permanecen sin identificar.
Asimismo, el 11 de mayo fue asesinado Abraham Jiménez Chautla, originario de Alcozacán. A ello se suma la desaparición de dos personas, cuyo paradero continúa siendo desconocido.
Pese a la multiplicidad de acciones que han realizado las comunidades que integran el CIPOG-EZ, los gobiernos federal y estatal han negado, retrasado o retirado medidas de protección indispensables.
CIOOPTACIPÓN DE AUTORIDADES
El Fray Bartolomé junto con organizaciones acompañantes acusaron cooptación del gobierno municipal por parte de la delincuencia organizada así como negativa del gobierno estatal a atender las demandas urgentes de seguridad.
Asimismo denunció el retiro de medidas de protección por parte del gobierno federal y de los elementos del Ejército mexicano de las Bases de Operaciones Mixtas, permitiendo el libre ingreso del grupo armado vinculado a la delincuencia organizada.
También acusaron inacción deliberada de corporaciones de seguridad durante los ataques y el desplazamiento.
La ausencia de acciones efectivas para prevenir y detener la violencia, aun con pleno conocimiento de los riesgos, constituye una violación grave a los derechos humanos y deriva en responsabilidad directa, del Estado mexicano, por incumplir su deber de proteger la vida e integridad de las comunidades indígenas.