Luisa María Alcalde, consejera jurídica del Ejecutivo Federal, presentó una propuesta de reforma judicial que tiene el objetivo de hacer cambios en el mecanismo de las elecciones judiciales. En primer lugar se encuentra la modificación de la fecha prevista de las votaciones en el 2027; en caso de que la reforma sea aprobada va a quedar para el 4 de junio del 2028, tanto a nivel federal como a local. Por su parte las elecciones judicial posteriores (2030,2033,2036) seguirán siendo concurrentes con procesos ordinarios para renovar las vacantes que se vayan generando.
En las elecciones del 2028 se renovarán:
. 4 magistrados electorales de Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial (TEPJF).
. 463 magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito.
. 385 jueces de Distrito.
. En los Poderes Judiciales locales, 424 magistrados y 2 mil 831 jueces de 25 estados.
El segundo cambio que se busca conseguir es la Creación de Comisión Coordinadora para homologar metodologías y criterios de evaluación de los Comités de Evaluación de los tres Poderes. Hoy en día en la Reforma se establece que cada uno de los Poderes tiene un comité de evaluación que se encarga de definir quienes son los mejores perfiles para aparecer en la boleta. La propuesta de la que habló la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, sugiere que cada Comité elija a una o a un coordinador y que sean ellos quienes establezcan una Comisión Coordinadora para que verifiquen el cumplimiento de los requisitos formales como los años de experiencia. Ahora bien, aunque cada Comité va a hacer su propia evaluación, los criterios se van a establecer y a homologar e igualmente se incluirá un examen de conocimientos.
Otro de los cambios es la reducción del número de candidatos por poder para facilitar la elección. Los Comités van a evaluar conocimientos, competencias, antecedentes, y buena fama pública de los aspirantes y seleccionarán por cargo a las 4 personas mejor evaluadas. A continuación van a realizar una insaculación pública con la que el número de candidatos se reducirá a dos por especialidad, observando siempre la paridad de género.
El cuarto cambio consiste en la simplificación de la boleta electoral, siendo el INE quien se encargue de sacar la bótela final en la que se distingan las candidaturas que postule cada poder incluyendo a los magistrados y a los jueces en funciones que quieran reelegirse. Por ello, el INE va a dividir el territorio en los distritos judiciales que sean necesarios para garantizar este derecho.
En la propuesta también se establece que el Tribunal de Disciplina, en coordinación con la Escuela Judicial, implemente programas de actualización y capacitación permanente obligatoria de todos los jueces y magistrados. Con el propósito de garantizar que los procesos sean transparentes, la ley detallará criterios, metodologías, plazos y demás reglas aplicables a estas evaluaciones.
El sexto cambio es establecer, con mayor claridad, la adecuación de las Reformas Judiciales en las entidades federativas. Se van a reforzar criterios para que en las elecciones judiciales de los estados repliquen las reglas que hoy se establecen para la Federación incluyendo bases, etapas y modalidades. “¿Qué queremos establecer? Que sean homologados los procesos en las entidades federativas y que no se salten pasos", aclaró Alcalde.
Por último, como modificaciones adicionales, se encuentra que las elecciones judiciales y ordinarias puedan ser en la misma ubicación, lo que garantiza que los representantes de partido no intervengan. Además, el escrutinio y cómputo de votos se hará en las mismas casillas donde fueron sufragados y se va a adelantar 3 meses el plazo del Senado para emitir la convocatoria general, de septiembre a abril del año anterior a la elección. De está manera, los comités van a tener más tiempo de evaluar las candidaturas.