La Secretaría de Relaciones Exteriores canceló el procedimiento de contratación del servicio integral para la emisión del pasaporte mexicano electrónico, uno de los proyectos de mayor visibilidad ciudadana de la dependencia. Con esta decisión, el servicio acumula dos procedimientos sin desembocar en contrato: uno declarado desierto y este, cancelado antes de recibir propuestas.
Más que un tropiezo, la decisión puede leerse como una corrección de rumbo. La actual conducción de la Cancillería optó por detener un proceso que, de acuerdo con el acta de cancelación, llegó a la etapa de aclaraciones con requisitos técnicos y operativos insuficientemente precisados —866 solicitudes de aclaración y 169 repreguntas así lo evidenciaron— y prefirió reiniciar antes que adjudicar sobre reglas confusas. Cancelar es la decisión correcta cuando se detectan inconsistencias que no pueden repararse dentro del procedimiento heredado: forzar la adjudicación sobre bases endebles solo habría trasladado el problema al contrato y, con él, al servicio que reciben millones de personas.
El acta es explícita en el propósito: emitir una nueva convocatoria que permita «fomentar una participación más amplia y competitiva» y «garantizar mejores condiciones para el Estado». Es, en los hechos, el reconocimiento de que el diseño anterior no cumplía ese estándar y la asunción de un compromiso público de hacerlo mejor.
La cancelación, además, no fue un acto abrupto. De acuerdo con el acta, la decisión se adoptó tras una revisión integral del procedimiento —la convocatoria, sus anexos y el conjunto de preguntas y repreguntas planteadas durante la etapa de aclaraciones—, ejercicio que evidenció que las reglas no ofrecían la claridad ni la certeza necesarias para adjudicar. Detener el proceso fue, en ese sentido, la conclusión de un diagnóstico, no una reacción improvisada.
El reto que queda por delante es de ejecución, y tiene ahora un responsable con nombre: corresponde al canciller Roberto Velasco conducir el nuevo proceso, que se construirá bajo la dirección de su nuevo equipo en la Unidad de Administración y Finanzas. Diseñar una convocatoria impecable para un servicio estratégico —que opera dentro y fuera del territorio nacional— exige claridad en los criterios de evaluación, apertura real a la competencia y plazos viables. Para una administración que apenas inicia su gestión al frente de la dependencia, hacerlo bien no es un asunto menor: es una de las primeras pruebas de su capacidad para corregir lo heredado sin arrastrar sus defectos. Ese es el examen que la propia Cancillería se autoimpuso al fijar el lenguaje del acta.
El pasaporte es un documento que toca directamente a millones de personas y un servicio prioritario para la Cancillería. Que el próximo procedimiento se conduzca con competencia real y reglas transparentes no es un tecnicismo administrativo: es una cuestión de confianza pública. Queda abierta una interrogante que solo la convocatoria por venir podrá responder: si su diseño abrirá espacio real para que la industria nacional —cuya capacidad y disposición ya quedaron a la vista— compita en igualdad de condiciones. La decisión de cancelar abre esa oportunidad; el resultado dependerá de cómo se construya la convocatoria que viene.