México obtuvo un resultado favorable en un arbitraje internacional promovido por la empresa estadounidense Silver Bull Resources, luego de que un tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) desechara por completo una demanda que superaba los 315 millones de dólares contra el Estado mexicano.
La controversia estaba relacionada con un proyecto minero en Sierra Mojada, Coahuila. La compañía presentó la reclamación en junio de 2023 bajo las disposiciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), al sostener que no pudo desarrollar plenamente sus actividades debido a un conflicto con una cooperativa minera de la región.
La Secretaría de Economía informó que el Tribunal Arbitral resolvió de manera unánime a favor del país y concluyó que no tenía competencia para analizar el caso, por lo que las reclamaciones de la empresa fueron rechazadas en su totalidad.
Durante el procedimiento, el gobierno mexicano argumentó que las autoridades estatales actuaron de forma razonable frente al conflicto social surgido entre la empresa y habitantes de Sierra Mojada. También sostuvo que varios de los señalamientos presentados por Silver Bull estaban fuera de los plazos permitidos para ser revisados bajo el TLCAN.
De acuerdo con la dependencia, el 29 de mayo de 2026 los árbitros determinaron que los hechos señalados por la minera ocurrieron fuera del periodo que podía ser evaluado conforme a dicho tratado.
Otro de los puntos centrales del fallo fue el rechazo a la acusación de que autoridades mexicanas hubieran promovido el bloqueo del proyecto minero.
Según la resolución, los hechos expuestos por la empresa no podían atribuirse al Estado mexicano, lo que fortaleció la posición presentada por la defensa durante el arbitraje internacional.
Además, el tribunal ordenó a Silver Bull reembolsar a México una cantidad importante por los gastos y costos generados durante el proceso legal.
Para la Secretaría de Economía, la resolución representa una victoria relevante porque confirma los límites de las obligaciones asumidas por México en los tratados internacionales de inversión y brinda mayor certeza jurídica en este tipo de controversias.
La defensa del país estuvo a cargo de funcionarios de la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Subsecretaría de Comercio Exterior, con apoyo de las firmas especializadas Tereposky & DeRose LLP y Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.
El laudo completo será publicado por el CIADI una vez que concluya el procedimiento de revisión correspondiente para proteger información considerada sensible.