Representantes de dependencias del Gobierno Federal mantuvieron una reunión con comunidades indígenas, pescadores, organizaciones sociales, especialistas para entablar un diálogo de trabajo en el que se planteó la ruta de trabajo respecto a la situación de la aguna-Bahía de Ohuira y la región de Topolobampo.
Durante el encuentro participaron representantes de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Economía, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Gobernación, así como autoridades del Gobierno del Estado de Sinaloa.
Como resultado del diálogo, las dependencias participantes acordaron establecer una ruta de trabajo interinstitucional para dar seguimiento a los planteamientos presentados durante la reunión, que contempla cuatro acuerdos:
1. Continuación de las mesas de diálogo revisar la información, estudios, observaciones y propuestas presentadas por las comunidades y especialistas.
2. La Profepa realizará una inspección actualizada para verificar el estado actual de las obras y actividades desarrolladas en la zona, así como el cumplimiento de la normatividad ambiental aplicable.
3. El Gobierno de México buscará a la empresa responsable del proyecto para dialogar.
4. Se respetará el derecho a la manifestación de la comunidad.
Respecto a las solicitudes planteadas durante el encuentro, las dependencias federales reiteraron que cualquier determinación deberá realizarse con estricto apego al marco jurídico vigente y sustentarse en los elementos técnicos y legales correspondientes.
“Ninguna autorización ambiental es un cheque en blanco. La responsabilidad de la autoridad es verificar permanentemente que las condiciones impuestas se cumplan y actuar cuando exista cualquier incumplimiento”, remarcó la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México, Alicia Bárcena Ibarra.
Las instituciones participantes coincidieron en que la protección ambiental, el bienestar de las comunidades, la conservación de los ecosistemas y el desarrollo regional requieren diálogo permanente, coordinación entre autoridades y participación social.