A dos meses de la orden de aprehensión con fines de extradición que realizó Estados Unidos contra él por supuestos vínculos con el cartel de Sinalo, el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, reapareció este jueves en los trabajos legislativos del Senado de la República tras 57 días de ausencia y participó activamente en la discusión de las iniciativas para expedir la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante y reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales.
La última vez que Inzunza Cázarez había sido visto participando en labores legislativas fue el 29 de abril, un día antes de que el Departamento de Justicia estadounidense lo incluyera entre un grupo de funcionarios y exfuncionarios sinaloenses señalados por presuntos delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y supuestos vínculos con la organización criminal conocida como “Los Chapitos”, una facción del Cártel de Sinaloa.
Durante su intervención en la Comisión de Justicia, el legislador sinaloense planteó observaciones de carácter constitucional, procesal y de derechos humanos y destacó la importancia de delimitar con claridad las facultades de las autoridades administrativas encargadas de aplicar sanciones por infracciones a reglamentos gubernativos y de policía, atribución que corresponde constitucionalmente a los municipios.
La reaparición ocurre después de semanas de cuestionamientos por parte de legisladores de oposición y diversos actores políticos, quienes habían señalado la falta de actividad pública del senador desde que se hicieron públicas las acusaciones provenientes de Estados Unidos.
Aunque el senador notificó formalmente su reincorporación al Senado desde finales de mayo, no se le había observado participación alguna en activamente en reuniones legislativas hasta este jueves.
De acuerdo con información difundida previamente, el morenista presentó un oficio para reincorporarse a sus funciones tras una licencia temporal solicitada durante el periodo extraordinario celebrado a finales de mayo.
Las acusaciones contra Inzunza forman parte de un expediente dado a conocer por autoridades estadounidenses el pasado 30 de abril, en el que también fueron señalados el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros funcionarios y exfuncionarios de la entidad.
El senador ha rechazado públicamente los señalamientos y ha sostenido que se trata de imputaciones falsas y sin sustento.
La presencia de Inzunza en la Comisión de Justicia marca su primera participación visible en actividades legislativas desde que estalló el caso, en un contexto en el que continúan las exigencias de distintos sectores para que las acusaciones sean aclaradas y, en su caso, investigadas por las autoridades competentes tanto en México como en Estados Unidos.
En una de sus intervenciones en la sesión híbrida de la comisión de justicia, Inzunza señaló que una de sus principales preocupaciones radica en que el proyecto de dictamen utiliza conceptos como “detención” y “flagrancia” dentro del ámbito de la justicia cívica, figuras que, sostuvo, están reservadas por la Constitución y por la Convención Americana sobre Derechos Humanos para conductas tipificadas como delitos.
El senador recordó que la Suprema Corte avaló en 2007 ciertas formas de detención momentánea en el contexto de la justicia cívica; sin embargo, consideró que el tema requiere una regulación más precisa para evitar interpretaciones que puedan derivar en abusos de autoridad o actos arbitrarios.
Advirtió que, de no establecerse controles claros, dichas facultades podrían afectar principalmente a los sectores más vulnerables de la población, entre ellos mujeres, comerciantes informales y grupos en situación de desventaja, quienes suelen tener un contacto más frecuente con los cuerpos policiales.
Asimismo, defendió la necesidad de privilegiar mecanismos alternativos de solución de controversias y procesos de conciliación antes de llegar a sanciones formales.