Un reportaje publicado por *The New York Times* reveló que funcionarios electos de Morena habrían sostenido conversaciones con autoridades de Estados Unidos para ofrecer información sobre otros integrantes del partido, con el propósito de conocer de manera anticipada posibles investigaciones que pudieran involucrarlos.
La investigación, retomada por *El Universal*, señala que estos acercamientos ocurrieron en medio del incremento de las pesquisas impulsadas por el gobierno del presidente Donald Trump sobre presuntos vínculos entre funcionarios mexicanos, el crimen organizado y casos de corrupción.
De acuerdo con el trabajo periodístico, firmado por Steve Fisher, Jack Nicas y Alan Feuer, al menos ocho personas que participaron en esas conversaciones confirmaron que algunos políticos buscaron establecer canales de comunicación con funcionarios estadounidenses para adelantarse a investigaciones que temen puedan dirigirse en su contra.
Según el diario, estos contactos se produjeron después de que Estados Unidos acusó formalmente a 10 funcionarios mexicanos, en funciones y retirados, de colaborar con uno de los cárteles del narcotráfico. Entre ellos se menciona al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a su exsecretario de Seguridad, Enrique Inzunza.
El reporte también indica que tres personas cercanas al caso aseguraron que la Administración para el Control de Drogas (DEA) promovió este tipo de acercamientos al contactar de manera privada a funcionarios mexicanos para persuadirlos de colaborar como testigos.
Ofrecido información sobre otros políticos
La publicación sostiene que gobernadores y legisladores de Morena formarían parte de la lista de presuntos informantes, aunque no revela sus identidades.
“Al menos una decena de funcionarios electos en México —entre ellos gobernadores y miembros del Congreso, muchos de ellos del partido en el poder— se han puesto en contacto para hablar de compartir información sobre otros políticos”, señala el reportaje.
De acuerdo con el diario estadounidense, la intención de estos funcionarios sería obtener ventajas al colaborar con las autoridades antes de que las investigaciones pudieran alcanzarlos.
Tanto el gobierno de México como la DEA rechazaron emitir comentarios sobre la información publicada por el diario estadounidense.
El reportaje añade que, si las autoridades estadounidenses logran consolidar esta red de informantes, podría generarse una cadena de nuevos testimonios y acusaciones que pondrían en riesgo la estabilidad de Morena, al abrir la puerta a declaraciones sobre presuntos sobornos de grupos criminales a funcionarios públicos.
Investigaciones contra gobernadores
La investigación también retoma versiones sobre supuestas indagatorias en Estados Unidos contra los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, por presuntos actos de corrupción, señalamientos que ambos han rechazado.
Asimismo, hace referencia al caso de Marina del Pilar, quien recientemente reconoció que realizó gestiones para recuperar su visa mediante un exfiscal estadounidense, aunque negó haber alcanzado acuerdos con autoridades de ese país.
Debate en el Congreso
En los últimos meses, el tema ha provocado confrontaciones entre legisladores de Morena y de la oposición.
De acuerdo con la publicación, integrantes del partido oficialista han calificado como “vende patrias” a quienes viajan a Washington o conceden entrevistas a medios estadounidenses donde se habla de presuntos vínculos entre el gobierno mexicano y el crimen organizado.
El reportaje también recuerda que en abril se dio a conocer la participación de elementos de la CIA en operativos contra el crimen organizado en Chihuahua sin autorización de las autoridades federales, hecho que llevó al Partido Acción Nacional (PAN) a respaldar a la gobernadora María Eugenia Campos.
Según *The New York Times*, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta un panorama complicado debido a que varios de los funcionarios bajo investigación pertenecen a Morena y mantienen cercanía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador.
El diario afirma que esta situación también ha generado diferencias dentro del gobierno mexicano, ya que un sector considera que debe fortalecerse la cooperación con Washington, mientras otro sostiene que procesar a un gobernador mexicano en funciones representa un precedente delicado para la relación bilateral.
Las fuentes consultadas por el medio señalaron que los posibles informantes de Morena se sumarían a otros colaboradores de alto nivel que ya cooperan con autoridades estadounidenses, entre ellos integrantes de la facción de los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, uno de sus pilotos y un asesor cercano.
Sobre este escenario, el administrador interino de la DEA, Derek Maltz, aseguró al diario que la combinación de testimonios de funcionarios mexicanos y miembros del crimen organizado fortalecería las investigaciones.
“Estoy muy seguro de que habrá algunas personas de alto nivel que serán imputadas”, afirmó.