Durante la reunión plenaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas dedicada a la novena revisión de la Estrategia Global contra el Terrorismo, México, representado por el consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Pablo Arrocha Olabuenaga, destacó que la forma más efectiva para prevenir este delito es atender las causas que alimentan la violencia, como la pobreza, la desigualdad, la exclusión social, la falta de empleos dignos y de oportunidades educativas.
Reiteró que el país condena el terrorismo en todas sus formas y señaló la importancia de avanzar hacia una convención general sobre terrorismo internacional, con una definición común que fortalezca la cooperación entre países y evite aplicaciones selectivas.
Arrocha Olabuenaga apuntó la necesidad de fortalecer las capacidades estatales y la cooperación internacional al expresar preocupación por la radicalización y el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes a través de medios digitales. Asimismo, hizo un llamado a examinar los riesgos derivados del uso de las nuevas tecnologías en el combate al terrorismo.
Enfatizó que todas las medidas antiterroristas deben respetar el derecho internacional, en particular los derechos humanos y, cuando resulte aplicable, el derecho internacional humanitario. De igual forma reiteró que las sanciones no deben obstaculizar la asistencia humanitaria ni criminalizar las actividades legítimas del personal humanitario.
En el marco de la misma conferencia, participó en un evento sobre “El abuso de las medidas antiterroristas para combatir las drogas y otras formas de delincuencia organizada”, donde advirtió sobre los riesgos de utilizar leyes antiterroristas para perseguir delitos comunes, pues ello puede debilitar garantías procesales, afectar derechos fundamentales y propiciar violaciones a la soberanía de los Estados. Asimismo, destacó que el terrorismo y la delincuencia organizada transnacional son fenómenos distintos, con causas, dinámicas y marcos jurídicos propios. Agregó que confundirlos puede conducir a respuestas inadecuadas y al uso de medidas excepcionales contrarias al estado de derecho.