En medio de la polémica y una lluvia de reclamos, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio marcha atrás de manera parcial al “blindaje” que puso para reservar por 5 años toda la comunicación diplomática entre México y Estados Unidos relacionada con la solicitud de extradición del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez, acusados por autoridades estadounidenses de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
¿Por qué dio marcha atrás a “blindaje” de Rocha Moya?
Este miércoles y por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum, la cancillería informó que transparentará información relacionada con las peticiones de detención provisional con fines de extradición por parte de Estados Unidos.
Ello incluye presumiblemente, los casos del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza, entre otros funcionarios acusados de tener nexos con el crimen organizado y los carteles de la droga.
Sin embargo, no se publicarán las notas diplomáticas relativas a expedientes judiciales que “por su naturaleza, tienen carácter reservado".
“Nuestro compromiso es con la transparencia”, aseveró en un escueto comunicado.
En la víspera, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que encabeza, Roberto Velasco, reservará por cinco años los mensajes sobre las solicitudes de extradición que hizo Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador de Morena, Enrique Inzunza Cázarez y otros 7 implicados por autoridades estadounidenses de presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa.
La determinación fue emitida por el Comité de Transparencia de la dependencia, que consideró que la difusión de oficios, notas diplomáticas, análisis y estrategias de cooperación podría comprometer la política exterior de México y afectar las relaciones con el gobierno estadounidense.
Esta decisión responde a una solicitud de acceso a la información en la que se buscaba conocer el contenido de los intercambios entre ambos gobiernos respecto de las investigaciones y eventuales procedimientos de extradición.
La SRE sostuvo que la clasificación de los documentos busca preservar la confidencialidad de las comunicaciones diplomáticas y evitar afectaciones a los mecanismos de colaboración internacional.
De acuerdo con la resolución del Comité de Transparencia, los documentos reservados contienen:
- Posiciones institucionales de ambos gobiernos
- Solicitudes y mecanismos de cooperación internacional
- Estrategias de coordinación intergubernamental
- Elementos sobre la conducción de la interlocución diplomática.
La Cancillería argumentó que existe “riesgo de perjuicio” al divulgar la información y que ese riesgo “supera el interés público”, además de advertir que la difusión “podría menoscabar las relaciones de confianza necesarias para el trabajo diario de las representaciones” de ambos países.