La presentación, durante la mañanera del pasado martes, de una serie de lineamientos para regular a los concesionarios de radio y televisión encendió de inmediato las alarmas entre medios de comunicación, especialistas y organizaciones vinculadas con la libertad de expresión.
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que las nuevas disposiciones contemplan, entre otros aspectos, sanciones y multas por difundir información falsa, descontextualizada o histórica como si fuera actual; garantizar la distinción entre noticia y opinión; diferenciar claramente la publicidad del contenido editorial; proteger el derecho de réplica ante información falsa o inexacta, y obligar a los medios a contar con un código de ética y designar defensores de las audiencias.
De acuerdo con la propia consejera jurídica, estos lineamientos están contemplados en la nueva legislación en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Por ahora, la prensa escrita y las plataformas digitales quedaron fuera de este proceso y, según lo expresado por la presidenta, serán materia de una discusión más amplia con la sociedad.
Estos lineamientos han provocado inquietud y suspicacias. Los medios electrónicos agrupados en la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión (CIRT), así como especialistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión, advirtieron que una regulación de esta naturaleza podría representar una regresión democrática y abrir la puerta a mecanismos de presión sobre los medios.
Y cuando se habla de libertad de expresión, la prensa, considerada históricamente como el cuarto poder, tiene suficientes razones para desconfiar de cualquier intento de ampliar el margen de intervención del Estado. En el pasado se han impulsado proyectos de ley que fueron bautizados como “leyes mordaza” y que terminaron siendo retirados ante la presión de periodistas, comunicadores y organizaciones de la sociedad civil.
Hoy, el ecosistema informativo es mucho más amplio. La mayoría de los comunicadores trabajan en diferentes medios. Escriben en periódicos, participan en radio y televisión, y cuentan con plataformas digitales propias. El debate público ya no depende de unos cuantos espacios de comunicación, aunque los medios tradicionales continúan teniendo una enorme capacidad de influencia.
El Relator Especial sobre la Libertad de Expresión de la ONU, Leopoldo Maldonado, ha advertido que detrás de algunas iniciativas que se presentan como mecanismos de protección de las audiencias puede existir el riesgo de abrir espacios para la censura. La experiencia internacional demuestra que las regulaciones diseñadas originalmente para proteger a las audiencias han terminado convirtiéndose en instrumentos para limitar la crítica.
Por eso, en una democracia, siempre será preferible enfrentar los excesos de la libertad de expresión antes que permitir que el poder público tenga herramientas para restringirla. La sociedad cuenta con mecanismos para distinguir entre un medio amarillista y uno serio y profesional. La credibilidad, finalmente, también se construye o se pierde frente a las audiencias.
En una democracia madura, el poder debería asumir que la crítica es parte del sistema y no una amenaza. Los gobiernos pasan, pero las instituciones permanecen. Y la libertad de expresión no puede depender de quién ocupa temporalmente el poder.
Cuando el Estado adquiere facultades para determinar qué información es falsa, qué contenido está descontextualizado y qué medio debe ser sancionado, el riesgo no está únicamente en el abuso de esas facultades por el gobierno actual. El verdadero problema es que esas herramientas quedarán disponibles para cualquier gobierno futuro. Y en materia de libertad de expresión, la historia demuestra que una vez que se abre esa puerta, cerrarla puede ser mucho más difícil.
@fer_martinezg