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“Es momento de que la Sección Instructora ya adelante los procesos que están ahí pendientes”, afirmó el vocero de Morena en la cámara de Diputados, Arturo Ávila

Va Morena por reactivar desafuero contra Alito; lo acusan de traición a la patria

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno presume el triunfo de su partido en Coahuila

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados busca reactivar el proceso de desafuero contra el senador del PRI, Alejandro Moreno por “traición a la patria” tras acudir a Estados Unidos para denunciar a Morena y también por los presuntos desvíos de recursos públicos cuando era gobernador de Campeche.

El vocero de Morena en la Cámara de Diputados, Arturo Ávila, llamó a acelerar los procedimientos que se encuentran pendientes contra el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, particularmente el trámite relacionado con la solicitud de desafuero que permanece en la Sección Instructora

Recordó que Moreno enfrenta cinco carpetas de investigación y acusaciones relacionadas con un presunto daño patrimonial de al menos 83.5 millones de pesos, además de señalamientos sobre propiedades cuyo valor, afirmó, podría superar los 500 millones de pesos.

Ávila consideró que la Sección Instructora debe avanzar en los expedientes pendientes y sostuvo que ningún legislador debería estar protegido por el fuero constitucional cuando existen acusaciones que deben ser esclarecidas ante las autoridades.

“Creo que es momento de que la Sección Instructora ya adelante los procesos que están ahí pendientes”, afirmó.

El morenista también cuestionó que Moreno haya acudido a Estados Unidos para denunciar al consejero electoral del INE, tras las restricciones impuestas para que se refiera al partido oficial como “narcopartido”.

Ávila calificó esa acción como una intervención de una autoridad extranjera en asuntos nacionales y acusó al priista de intentar presentarse como perseguido político para desviar la atención de las investigaciones que enfrenta.

No obstante, reconoció que corresponde a las autoridades judiciales determinar responsabilidades y que un eventual proceso debe respetar el debido proceso.

Señaló que las fiscalías deben concluir las investigaciones y, de existir elementos suficientes, solicitar a un juez de control las órdenes correspondientes.

Por su parte, la secretaria general y senadora Carolina Viggiano afirmó que el dirigente priista ha enfrentado durante años una persecución política y que, pese a que Morena controla las instituciones, hasta ahora no se le ha demostrado responsabilidad penal.

Viggiano defendió además la decisión de acudir a instancias internacionales para denunciar las restricciones impuestas por autoridades electorales y sostuvo que cualquier ciudadano tiene derecho a recurrir a organismos internacionales cuando considera que no encuentra justicia en su país.

En tanto, el senador de Morena Óscar Cantón Zetina señaló que si existen pruebas documentadas contra Moreno debe continuarse el procedimiento para retirarle el fuero y permitir que sea juzgado como cualquier ciudadano.

“Si eso tiene que llevar a que él pierda el fuero constitucional, hay que continuarlo”, sostuvo.

Cantón insistió en que la aplicación de la ley debe hacerse sin importar el partido político al que pertenezca una persona, pero con pleno respeto al debido proceso.

También consideró que acudir al extranjero para intentar resolver problemas de carácter nacional constituye una conducta cuestionable.

Mientras tanto, el coordinador del PAN en San Lázaro, José Elías Lixa, acusó al gobierno de utilizar las instituciones de justicia con fines políticos y sostuvo que el caso de Moreno demuestra, a su juicio, que existen perseguidos políticos en México.

El debate se intensificó luego de que Moreno acudiera a Estados Unidos para denunciar ante autoridades de ese país las restricciones impuestas por el INE.

Morena sostiene que el dirigente priista debe responder primero ante las instituciones mexicanas, mientras la oposición argumenta que las acciones emprendidas en el extranjero forman parte de su derecho a defenderse ante instancias internacionales.

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