La vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy, presentó un punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Ciudad de México a que se realicen las adecuaciones normativas necesarias para fortalecer y consolidar este mecanismo como una política pública permanente e institucionalizada.
Jiménez Godoy destacó que el Presupuesto Participativo constituye una herramienta fundamental de democracia directa, mediante la cual las y los habitantes de la Ciudad de México deciden sobre una parte del gasto público para atender las necesidades más urgentes de sus comunidades.
Subrayó que son las propias vecinas y vecinos quienes conocen de primera mano las problemáticas de sus territorios y, por ello, su participación debe traducirse en decisiones vinculantes, transparentes y sujetas a mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
Explicó que, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Participación Ciudadana capitalina, los recursos destinados al Presupuesto Participativo corresponden al cuatro por ciento del presupuesto anual de las demarcaciones territoriales aprobado por el Congreso.
Para 2026, el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México contempla un gasto neto total de 313 mil 385.4 millones de pesos.
Caso de Azcapotzalco
La legisladora comentó que en el caso de Azcapotzalco, demarcación que representa en la Cámara de Diputados, se contemplan 2 mil 642 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 105.7 millones deben destinarse al Presupuesto Participativo.
La legisladora señaló que estos recursos deben orientarse esencialmente al fortalecimiento del desarrollo comunitario, la convivencia y la acción colectiva, contribuyendo a reconstruir el tejido social y fortalecer la solidaridad entre las personas.
Sin embargo, consideró indispensable revisar aquellos aspectos normativos y operativos que actualmente pueden limitar el ejercicio efectivo de este derecho ciudadano, particularmente los relacionados con los tiempos de las convocatorias, la ejecución de los proyectos y los mecanismos de contratación.
Lo anterior, debido a que existe preocupación respecto de que una cantidad importante de proyectos pueda terminar ejecutándose mediante adjudicación directa, sin un proceso de licitación pública.
Asimismo, advirtió que es necesario revisar la relación entre el calendario electoral y los procedimientos de impugnación ciudadana, debido a que, en determinados casos, los tiempos de resolución pueden coincidir con las votaciones o con las etapas de ejecución de los proyectos, dejando sin materia algunas de las inconformidades presentadas por la ciudadanía.
Finalmente, Gabriela Jiménez reconoció el esfuerzo del Congreso de la Ciudad de México para abrir espacios de diálogo y realizar foros encaminados a recabar opiniones y propuestas sobre posibles reformas a la Ley de Participación Ciudadana.