La Secretaría de Marina siempre ha priorizado labores de inteligencia e investigación en sus aportes al combate del crimen organizado en el país; eso quedó nuevamente evidenciado cuando detonó el caso del huachicol fiscal. Quienes participaron en estas actividades delictivas, anidadas en aduanas bajo control de los marinos, ahora serán acusados con pruebas sobre el modus operandi de la red huachicolera. Incluso la investigación ha permitido boquear intentos de seguir utilizando el esquema de huachicoleo fiscal en los puertos mexicanos.
De acuerdo con información a la que Crónica tuvo acceso, una extensa investigación de Marina fue realizada a la par de las incautaciones de megacargamentos de combustible, introducidos al país simulando que eran otra sustancia. La indagatoria generó mucha claridad sobre una cadena delictiva completa que incluyó la adquisición del hidrocarburo, el traslado marítimo, la generación de documentación y clasificación, el tránsito aduanero, la descarga a transporte terrestre para almacenamiento, distribución y finalmente comercialización.
Para efectos de enjuiciamiento, Marina logró detectar personas, empresas, agentes navieros, embarcaciones, operadores portuarios, transportistas terrestres y las funciones de cada uno de estos eslabones en la introducción al país de este combustible extranjero.
Para castigar a quienes lideraban esta red, se ha puesto sobre la mesa toda la investigación del método basado en algo que se ha denominado “contrabando técnico”: hidrocarburos introducidos al país bajo un camuflaje de información y documentación que les hace aparentar legalidad.
Al no pagar impuestos o pagar cantidades irrisorias, la venta del combustible en el mercado nacional producía ganancias extraordinarias que se repartían entre los participantes. De acuerdo con la información obtenida por este diario, para ello se falsificaba o alteraba la fracción arancelaria, es decir, los códigos usados para clasificar las mercancías llegadas del comercio exterior. Lo anterior implica que no había necesidad de ocultar físicamente los cargamentos.
La ruta pipera
Un punto clave fue la red terrestre, pues a través de ella se podían establecer los puntos de enlace en los que se movían los huachicoleros fiscales. La Marina supo que las pipas utilizadas para retirar el producto de los puertos eran la clave para conocer toda la cadena delictiva. El seguimiento trasparentó movimientos, destinos, patrones y conexiones con otros participantes de la estructura.
En los niveles superiores de la red criminal, actuaban quienes financian y coordinaban las operaciones. Quienes aportaron conocimientos y servicios en materia aduanera, documental, marítima y logística y los operadores del transporte, almacenamiento y comercialización del combustible ilegal completaban los estratos criminales.
Al hacer la identificación de los participantes, quedó clara la participación de personal naval, así como de agentes navieros y empresas.
Uno de los principales aportes y aciertos de Marina fue que la investigación no se limitó a la detección de buques o cargamentos, sino al análisis que permitió relacionar documentación, embarcaciones, cantidades declaradas, operaciones portuarias y movimientos posteriores.
Las pipas permitieron extender la investigación más allá de los puertos, hacia tierra y eso generó un conocimiento completo del problema. Aunque públicamente se habla de Tamaulipas como el epicentro, la investigación de Marina, a través del rastreo terrestre de las pipas, permitió detectar qué puertos de los dos litorales mexicanos estaban contaminados de huachicoleo. En marzo de 2025, batallones de marinos realizaron acciones simultáneas en Ensenada, Baja California; Guaymas, Sonora y Tampico, Tamaulipas. Aproximadamente 10 millones de litros de hidrocarburo, un buque tanque, dos predios y armas de fuego fueron asegurados.
Ambas costas
La investigación permitió establecer que la estructura criminal no se basó en un solo punto de entrada: Entre marzo de 2025 y agosto de 2026, Marina y las instituciones participantes en la investigación inhibieron 37 operaciones portuarias ejecutadas bajo el modus operandi de camuflaje que ya se describió: 7 en Coatzacoalcos, 6 en Altamira, 4 en Tuxpan, 3 en Veracruz, 3 en Tampico, 3 en Manzanillo y once en otros puntos del país.
Entre octubre de 2024 y agosto de 2026, en coordinación con otras autoridades, aseguró 12.4 millones de litros de hidrocarburos. La afectación económica al fisco ronda los 318 millones de pesos.
El objetivo, se enfatiza incluso en torno a los últimos aseguramientos, no se limita a la incautación, sino a la identificación de los diferentes eslabones que permiten que el negocio ilegal funcione.
En este sentido, el valor de las investigaciones radica en pasar de la detección de un cargamento irregular a la reconstrucción de la red que lo hace posible, se expone.
Castigar responsables
Pero, como se señaló previamente, la operación adquirió mayor profundidad cuando las ruta de las pipas que salieron de los puertos fueron trazadas, parada por parada. La información obtenida contribuyó posteriormente a la judicialización de la investigación y a la emisión de 15 órdenes de aprehensión contra personas vinculadas con el contrabando de hidrocarburos.
Fernando Farías, quien era contraalmirante al participar en estas redes delictivas, es uno de los casos más dolorosos para la institución, pues no sólo deshonró el uniforme, sino que fue partícipe de las unidades de inteligencia de la Marina que intentó burlar para enriquecerse.
La Marina le ha retirado el grado una vez que se concretaron sus audiencias de vinculación a proceso (fue extraditado desde Argentina, país en el que se había refugiado cuando la red de huachicol fue descubierta). Junto con su hermano, también preso, aprovecharon el parentesco político con el anterior secretario de Marina para establecer la red de huachicoleo. Para Marina, Fernando Farías constituye un ejemplo exitoso de la investigación que realizó junto a la Fiscalía General de la República.