La corrupción suele discutirse como si fuera un problema de grandes escándalos, contratos públicos, campañas políticas o redes de poder. Pero para muchas personas en México, la corrupción aparece cotidianamente en distintos trámites en oficinas públicas o en contactos con alguna autoridad, a través de mordidas o pagos informales para que el trámite avance. Aunque estas prácticas estén relativamente normalizadas, las personas las experimentan con distinta frecuencia y magnitud.
Esta observación nos motivó a analizar quiénes reportan pagar sobornos en México y qué nos dice eso sobre la relación cotidiana entre ciudadanía y Estado. En nuestro estudio “Who Pays Bribes? Gender, Education, and Petty Corruption in Mexico, 2011-2023”, utilizamos siete levantamientos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental entre 2011 y 2023 para estudiar las diferencias por género y educación en el autoreporte de corrupción cotidiana, además, vinculamos estos datos con información sobre la presencia de mujeres en los gobiernos municipales. Nuestro argumento principal es que pagar un soborno refleja, además de decisiones individuales, qué tan expuesta está una persona a trámites, autoridades y espacios donde existe discrecionalidad burocrática.
Resultados principales
Uno de los resultados principales del estudio es que las mujeres tienen una probabilidad considerablemente menor que los hombres de reportar haber pagado un soborno. En términos descriptivos, aproximadamente 13 de cada 100 hombres reportan haber realizado un pago indebido, frente a alrededor de 6 de cada 100 mujeres. Dicho de otra manera, las mujeres presentan una probabilidad de reportar un soborno aproximadamente 57 por ciento menor que los hombres. Esta diferencia se mantiene incluso cuando consideramos otras características individuales y del lugar donde viven las personas.
El segundo resultado principal tiene que ver con la educación y, a primera vista, puede parecer contraintuitivo. Las personas con educación universitaria reportan sobornos con mayor frecuencia que quienes no cuentan con estudios universitarios: aproximadamente 14 de cada 100 personas con educación universitaria reportan haber pagado un soborno, frente a alrededor de 8 de cada 100 entre quienes no tienen educación universitaria. Este resultado no significa necesariamente que las personas con mayor educación sean más proclives a la corrupción. Puede indicar, en cambio, que tienen mayor exposición a trámites, propiedades, negocios, permisos y otros puntos de contacto con el Estado, o que identifican con mayor claridad cuándo un pago solicitado por una autoridad constituye un soborno.
Un tercer resultado permite distinguir entre el género de quienes interactúan con el Estado y el género de quienes ocupan posiciones de gobierno. Al vincular los datos individuales con información sobre la representación de mujeres en los gobiernos municipales, encontramos poca evidencia de que una mayor presencia de mujeres en cargos municipales esté asociada de manera consistente con una menor probabilidad de reportar sobornos. Es decir, los resultados no respaldan la idea sencilla de que incrementar la representación femenina, por sí misma, reduzca automáticamente la corrupción cotidiana. La paridad continúa siendo fundamental por razones de igualdad, representación y democracia, pero sus efectos no deben confundirse con una política anticorrupción automática.
De los resultados a la interpretación
Por eso proponemos cambiar la pregunta. En lugar de preguntar simplemente si las mujeres son menos corruptas que los hombres, conviene preguntar: ¿cómo se distribuye el contacto con el Estado entre hombres y mujeres? ¿Qué tipos de trámites realiza cada grupo? ¿Con qué autoridades interactúan? ¿En qué espacios existe mayor discrecionalidad? ¿Quién tiene mayor capacidad para rechazar un pago, negociar, denunciar o evitar una situación de corrupción?
Esta distinción es importante porque el hecho de que una persona reporte menos sobornos puede responder a múltiples mecanismos. Puede realizar menos trámites, registrar menos bienes, interactuar menos con determinadas autoridades, tener menor participación en actividades empresariales o encontrarse con menor frecuencia en espacios donde los funcionarios tienen discrecionalidad para exigir un pago. De la misma manera, una persona puede reportar más sobornos no porque sea más tolerante frente a la corrupción, sino porque tiene una mayor exposición a situaciones en las que puede surgir una solicitud de pago indebido.
En este sentido, nuestros resultados no deben interpretarse como evidencia de que las mujeres sean intrínsecamente “menos corruptas”, ni de que la educación produzca mayor corrupción. Lo que muestran es que la experiencia de la corrupción cotidiana está distribuida de manera desigual entre distintos grupos de la población. Entender esas diferencias exige mirar no solamente las características individuales, sino también la manera en que las personas interactúan con las instituciones públicas.
Este estudio es el punto de partida de un proyecto más amplio sobre la forma en que el contexto institucional moldea la relación entre género y corrupción en México. A partir de información sobre experiencias directas, percepciones y contacto con distintas instituciones, analizaremos lo que ocurre en gobiernos locales y servicios públicos, así como el papel de la educación, la posición socioeconómica, la capacidad estatal, la supervisión y los entornos locales de corrupción. El objetivo es identificar bajo qué condiciones las diferencias de género aparecen, se reducen o se revierten, y cuándo una mayor presencia de mujeres en cargos públicos se traduce en cambios en las prácticas administrativas y en la rendición de cuentas. Con ello, buscamos construir una explicación institucional de la relación entre género y corrupción que permita comprender tanto la experiencia cotidiana de la ciudadanía como el funcionamiento de las instituciones.
Análisis de especialistas de la Universidad Iberoamericana son presentados a nuestros lectores cada 15 días en un espacio que coordina el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericanas, Ciudad de México.
Comentarios: pablo.cotler@ibero.mx
Alejandra Villegas es técnica académica del departamento de Economía y Heidi Smith es profesora-investigadora del Departamento de Economía, ambas adscritas a la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.