El martes 8 de septiembre el gobierno federal presentará al Congreso el Paquete Económico para 2027. Para muchos se trata de un acontecimiento distante. Sin embargo, el paquete es importante porque describe cuánto dinero espera recibir el gobierno, cuánto quiere gastar, en qué piensa utilizarlo y cuánto tendrá que pedir prestado para financiar la diferencia.
El paquete contiene tres documentos centrales. Los Criterios Generales de Política Económica describen el escenario que la Secretaría de Hacienda considera probable para 2027: crecimiento económico, inflación, tasas de interés, tipo de cambio y precio del petróleo, entre otras variables. La Iniciativa de Ley de Ingresos estima cuánto espera recaudar el gobierno y cuánto propone obtener mediante endeudamiento. Finalmente, el Proyecto de Presupuesto de Egresos muestra cómo plantea distribuir esos recursos. A estos documentos pueden sumarse, cuando corresponda, propuestas de modificaciones fiscales agrupadas en la llamada Miscelánea Fiscal.
Estos documentos están íntimamente relacionados. Si se estima un mayor crecimiento económico, por ejemplo, resulta razonable esperar una mayor recaudación. Si las tasas de interés son menores, disminuye el costo de financiar la deuda y quedan más recursos para otros rubros. Y si los ingresos ordinarios resultan insuficientes para financiar el gasto, la diferencia tendrá que cubrirse mediante mayores ingresos, reducciones o reasignaciones del gasto, o endeudamiento.
¿Dónde debemos poner la mirada?
Más que concentrarnos inicialmente en si el presupuesto es “grande” o “pequeño”, habría que comenzar por algunas preguntas sencillas. ¿Son razonables los supuestos de crecimiento, tasas de interés y tipo de cambio? ¿Los ingresos proyectados descansan en previsiones realistas? ¿Cómo se espera que evolucione la deuda como proporción del PIB? Y, sobre todo, ¿qué tanto margen existe realmente para modificar las prioridades del gasto?
Las variables clave de los Criterios Generales de Política Económica descansan, en buena medida, en los supuestos que se adopten sobre el entorno internacional. Entre ellos destacan el crecimiento económico de Estados Unidos, el precio internacional del petróleo, la evolución de las tasas de interés y el comportamiento del dólar en los mercados internacionales. Todos ellos tienen repercusiones directas sobre la economía mexicana: influyen en nuestras exportaciones, en el costo de financiamiento de la deuda, y en la evolución del tipo de cambio. Al repercutir a su vez en la tasa esperada de crecimiento tiene también consecuencias sobre los ingresos del gobierno.
Una vez revisados esos supuestos, el siguiente paso es recordar que una parte considerable del presupuesto no puede modificarse fácilmente de un año a otro. El gobierno debe pagar pensiones, transferencias sociales, intereses de la deuda, participaciones y aportaciones a estados y municipios, además de otros compromisos previamente establecidos. Solo después de considerar estas obligaciones podemos tener una mejor idea de cuánto queda disponible para mantener, mejorar o ampliar los servicios públicos y atender nuevas prioridades.
El Presupuesto de Egresos aprobado para 2026 identificó como gastos obligatorios el 82% del gasto total, al tratarse de erogaciones asociadas con obligaciones legales, contractuales y otros compromisos previamente adquiridos. Dicho de otra manera, una proporción muy elevada de los recursos públicos tiene un destino determinado antes de comenzar a discutir otras prioridades. Si bien ello no significa que el 18% restante constituya el límite absoluto de recursos disponibles para atender nuevas prioridades -pues el gobierno puede aumentar sus ingresos o recurrir a un mayor endeudamiento-, la cifra permite dimensionar el reducido margen de maniobra que existe dentro del presupuesto. Una de las preguntas centrales del Paquete Económico será, por tanto, qué ocurrirá con ese margen en 2027. ¿Aumentará la asfixia presupuestaria?
Prioridades y restricciones
Conocido ese margen, comienza uno de los debates centrales de cualquier presupuesto: cómo repartirlo entre necesidades que compiten entre sí. ¿Cuánto se destinará a salud y seguridad? ¿Qué recursos recibirá el campo? ¿Cuánto se dirigirá a infraestructura? Cualquiera de estas decisiones tiene un costo de oportunidad: destinar cien pesos adicionales a un rubro implica disponer de cien pesos menos para algún otro.
Aquí entran inevitablemente criterios económicos, sociales y políticos. Algunos gastos atienden necesidades inmediatas; otros buscan generar beneficios principalmente en el mediano o largo plazo. Existen, además, prioridades políticas que el gobierno considera necesario atender. El presupuesto es, por ello, mucho más que un conjunto de cifras: constituye una expresión concreta de las prioridades de un gobierno.
Es en esa distribución donde debería ser posible observar qué tan importante es realmente el Plan México, cómo se refleja la preocupación por el combate al cambio climático y en qué medida el país comienza a prepararse para ofrecer servicios educativos y de salud acordes con los cambios estructurales que previsiblemente traerán consigo tanto el uso creciente de la inteligencia artificial como el envejecimiento de la población.
Un ejemplo particularmente importante de la tensión entre compromisos y prioridades es Pemex. Para 2026 se presupuestó originalmente una transferencia federal de 263 mil millones de pesos destinada al pago de amortizaciones de deuda de mercado y créditos bancarios contratados en años anteriores. Para dimensionar la cifra, esa cantidad equivale a poco más de la mitad de todo el presupuesto asignado ese año a la Secretaría de Educación Pública. La pregunta para 2027 es inevitable: ¿seguirá Pemex requiriendo apoyos de esa magnitud? Y, más importante aún, ¿cuándo se discutirá de manera juiciosa el futuro de la empresa?
¿Y si los recursos no alcanzan?
Cuando los recursos disponibles no alcanzan para financiar todas esas prioridades existen, en términos simples, tres grandes caminos: aumentar los ingresos, reducir o reasignar gastos, o recurrir a un mayor endeudamiento. Cada alternativa tiene costos y beneficios.
El lado de los ingresos merece, por ello, tanta atención como el del gasto. Hacienda estima que en 2026 la recaudación tributaria federal alcanzará alrededor de 15.6% del PIB. Para situar la capacidad recaudatoria de México en una perspectiva internacional conviene utilizar una medición más amplia y comparable, que incluye también las contribuciones a la seguridad social. Bajo esa medición, en 2024 la recaudación de México representó 18.3% del PIB, frente a un promedio de 21.7% en América Latina y el Caribe y 33.7% en Brasil.
Para 2027, Hacienda confía en que los ingresos tributarios continúen aumentando mediante una mayor eficiencia recaudatoria, una fiscalización más intensa y el fortalecimiento del cumplimiento tributario. La pregunta es si ese aumento se materializará y si será suficiente para financiar compromisos crecientes y, al mismo tiempo, abrir espacio para nuevas prioridades.
Si los ingresos adicionales no son suficientes, una salida consiste en reducir aquellos gastos que sean fáciles de ajustar. Y aquí aparece uno de los riesgos más importantes: que la inversión pública termine funcionando como variable de ajuste. En el corto plazo puede parecer una solución relativamente sencilla. Una obra que se posterga no genera la misma reacción pública que el recorte del presupuesto de salud, cultura o educación. Pero sus consecuencias aparecen después. Una carretera que no se mantiene, una red eléctrica que no se amplía o un sistema de agua que no se moderniza pueden aliviar hoy una presión presupuestaria, pero mañana reducen la productividad, deterioran la calidad de los servicios públicos y disminuyen el atractivo de invertir en México.
Otro camino es recurrir al endeudamiento. Aquí, lo relevante es preguntarse para qué se utilizarán esos recursos y si los ingresos futuros serán suficientes para atender las obligaciones que generen sin desplazar otros gastos importantes. De lo contrario, la asfixia presupuestaria vendrá después.
Un mayor nivel de deuda tiene consecuencias que trascienden el año en que se contrata. Un saldo más elevado exige destinar más recursos al pago de intereses. Además, si los inversionistas perciben un mayor riesgo crediticio o aumentan las tasas internacionales, el gobierno puede verse obligado a pagar tasas más altas para financiarse y refinanciar sus vencimientos. En ese caso, una proporción aún mayor de los ingresos públicos quedaría comprometida antes incluso de comenzar a discutir nuevas prioridades.
Por ello es importante cuidar el ritmo de crecimiento de la deuda. De ahí la necesidad de reducir gradualmente el déficit. Pero no todas las formas de hacerlo son equivalentes. Si la reducción del déficit descansa principalmente en sacrificar inversión pública, las cuentas pueden mejorar en el corto plazo y, al mismo tiempo, debilitar la capacidad de crecimiento de la economía y reducir su atractivo para la inversión.
La discusión que comenzará el 8 de septiembre no debería, por tanto, limitarse a saber quién recibió más y quién recibió menos. Debería servir para discutir qué obligaciones queremos asumir como sociedad, cómo pensamos financiarlas y cuánto espacio estamos dejando para las generaciones siguientes.