La Fiscalía General de la República (FGR) informó avances en la investigación de la presunta red criminal dedicada al contrabando de hidrocarburos, protagonizada por los hermanos Farías Laguna.
De acuerdo con la fiscal general, Ernestina Godoy, como resultado de las indagatorias, la FGR logró asegurar 10 millones de litros de diésel que se encontraban a bordo de un buque en el puerto de Altamira, Tamaulipas. Sin embargo, el aseguramiento permitió profundizar en una estructura presuntamente dedicada a importar, trasladar, almacenar y distribuir hidrocarburos introducidos ilegalmente al país.
La Fiscalía identificó como figuras relevantes de la organización a Manuel Roberto N. y Fernando N., conocidos como “los primos”, quienes aparecen como los presuntos responsables de coordinar diferentes etapas de la operación.
Según los datos de prueba presentados por la FGR y que actualmente son valorados por el Poder Judicial, integrantes de la red habrían intervenido en designaciones, ascensos y movimientos de personal en aduanas marítimas, la Agencia Nacional de Aduanas de México y la Secretaría de Marina.
La Fiscalía señaló particularmente a Manuel Roberto N. como una persona que presuntamente gestionaba directamente algunos de estos nombramientos y promociones.
Durante el cateo de una bodega que presuntamente arrendaba en la Ciudad de México fueron localizados, además de objetos de lujo, listas de aduanas marítimas, expedientes de personal naval y de altos mandos, documentación clasificada como reservada y confidencial, así como armas sin el registro correspondiente, de acuerdo con la investigación.
La FGR explicó que los buques utilizados por la organización zarpaban principalmente de Texas, transportando hidrocarburos que posteriormente eran declarados como aceite o aditivo con el propósito de modificar su tratamiento fiscal.
Servidores públicos y agentes aduanales coludidos habrían recibido pagos a cambio de permitir el ingreso de los embarques. La investigación apunta a que las inspecciones aduaneras podían ser simuladas mediante muestreos superficiales, manipulación de volúmenes registrados o maniobras para liberar los hidrocarburos sin una revisión adecuada.
Asimismo, la red establecía horarios de llegada de los buques para facilitar la desactivación de cámaras y evitar que quedaran registros de las descargas.
Una vez que el combustible llegaba a tierra, era distribuido a través de tres empresas legalmente constituidas, mientras que otras compañías fachada y operaciones financieras trianguladas presuntamente se utilizaban para dar apariencia legal a los recursos obtenidos de la comercialización.
La Fiscalía resumió el esquema investigado como una cadena que incluía buques cargados de hidrocarburos, registros presuntamente manipulados, complicidad de personal aduanal, revisiones simuladas y operaciones para el lavado de dinero.
Las indagatorias permitieron detectar operaciones relacionadas con esta presunta estructura en Tamaulipas, Baja California, Colima, Sonora y Ciudad de México. La fiscalía indicó que continúa siguiendo el rastro de accionistas, apoderados legales y personas vinculadas con las diferentes etapas de la cadena de importación, distribución y comercialización de los hidrocarburos.
En ese sentido, destacó que la “responsabilidad penal es individual y sostuvo que cualquier persona que haya utilizado un cargo público, un uniforme o una posición dentro de una aduana para favorecer actividades criminales deberá responder ante la justicia”.