En noviembre de 2024, pocas semanas después de asumir la Presidencia, Claudia Sheinbaum lanzó la campaña nacional “Es tiempo de mujeres sin violencia”, una consigna que resumía una de las marcas políticas de su gobierno. Desde entonces, el antiguo Instituto Nacional de las Mujeres se convirtió en Secretaría de las Mujeres, se reformó la Constitución en materia de igualdad sustantiva y los derechos de las mujeres adquirieron una presencia constante en el discurso gubernamental. Dos años después, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027 permite observar cómo se traduce esa prioridad en recursos públicos.
El proyecto, entregado al Congreso el 8 de septiembre, propone 636,133 millones de pesos para el Anexo 13, denominado Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Esta cifra implica un crecimiento nominal de 6.2% respecto del monto aprobado para 2026. El Anexo 13 es el principal instrumento del presupuesto federal para identificar recursos asociados con la igualdad de género.
Su tamaño, sin embargo, requiere una lectura cuidadosa. Los anexos transversales identifican dentro de programas de distintas dependencias las erogaciones que el gobierno vincula con determinados objetivos. Por ello, la cifra agregada combina políticas específicamente orientadas a la igualdad con fracciones de programas sociales que persiguen objetivos más amplios. Esa composición es central para interpretar los 636 mil millones de pesos.
Una pensión se lleva casi la mitad del pastel
El ejemplo más contundente es la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, un programa universal para personas de 65 años o más. Su presupuesto total para 2027 asciende a 543 mil millones de pesos, de los cuales Hacienda imputa 292 mil millones al Anexo 13. Esa sola partida representa 46% de todo el presupuesto etiquetado para la igualdad entre mujeres y hombres.
Es verdad que la pensión tiene efectos particularmente relevantes para las mujeres porque presentan trayectorias contributivas más débiles y viven más años. Sin embargo, su incorporación al Anexo 13 plantea una cuestión sobre qué mide el agregado presupuestario cuando una transferencia definida por edad representa casi la mitad del gasto identificado con la igualdad de género.
Algo similar ocurre con la Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina. El Anexo 13 incorpora aproximadamente 107 mil millones de pesos de esta beca, equivalentes a 17% del total. El objetivo oficial del programa es favorecer la permanencia escolar de niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas públicas, y sus reglas contemplan como responsables a madres, padres, tutoras o tutores.
A esas partidas se suma la Pensión Mujeres Bienestar, dirigida a mujeres de 60 a 64 años, con 57 mil millones de pesos propuestos para 2027.
Entre los tres programas se contabilizan alrededor de 458 mil millones de pesos, equivalentes a 72% del Anexo 13.
Esta concentración ayuda a explicar por qué el crecimiento del anexo ofrece una medida incompleta de la intensidad de la política de igualdad. Una gran parte de su tamaño proviene de programas sociales masivos cuya contribución a las brechas de género depende de sus características de diseño y de los efectos que producen sobre mujeres y hombres.
Pero este análisis no es nuevo. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) desarrolló el Índice Simplificado para la Igualdad Sustantiva para examinar precisamente esa dimensión. En su evaluación de los 104 programas presupuestarios incluidos en el Anexo 13 de 2024, encontró un puntaje promedio de alineación de 29%, mientras que apenas 21% incorporaba objetivos explícitos de cierre de brechas de género en su Matriz de Indicadores para Resultados. Las diferencias entre programas resultaron amplias en el análisis del CIEP. El entonces Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas obtuvo 76% de alineación, mientras la Pensión para Adultos Mayores alcanzó 23.3%.
El estudio encontró además una relación negativa entre la alineación con la igualdad sustantiva y el tamaño del presupuesto asignado. Los programas con mayor alineación tendían a disponer de menos recursos.
La diferencia de escala también aparece en las políticas especializadas contra la violencia. En 2026, el Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas recibió 857 millones de pesos. De ellos, 515 millones correspondieron al componente de espacios de refugio para mujeres víctimas de violencia de género y sus hijas e hijos. La Red Nacional de Refugios ha señalado que los recursos resultan insuficientes y ha solicitado presupuestos específicos, estables y transparentes que garanticen la continuidad de las casas de emergencia.
La comparación ilustra la enorme distancia presupuestaria entre los programas sociales de gran cobertura y las intervenciones especializadas. Una mujer mayor puede requerir ingresos que aseguren su autonomía económica y una mujer que enfrenta violencia necesita servicios capaces de protegerla. La clasificación presupuestaria coloca necesidades distintas dentro de una misma cifra y dificulta usar el monto agregado como indicador de la profundidad de la política de igualdad.
Cuidados y redistribución
La economista Diane Elson formuló en 2008 las conocidas tres R de una política transformadora del trabajo no remunerado, reconocerlo, reducirlo y redistribuirlo. La propuesta vincula el reconocimiento de su valor económico y social con la reducción de la carga de trabajo y con una redistribución distinta entre mujeres y hombres, hogares, Estado, mercado y comunidad.
México incorporó por primera vez en el presupuesto de 2026 el Anexo Transversal 31 para la Consolidación de una Sociedad de Cuidados, con alrededor de 467 mil millones de pesos. Para 2027, el proyecto identifica 476 millones de pesos.
La Pensión para Adultos Mayores, la Beca Rita Cetina y la Pensión Mujeres Bienestar forman parte también del Anexo 31, además del Anexo 13 mencionado. Los anexos pueden superponerse porque clasifican el gasto según distintos objetivos, por lo que sus montos no representan bolsas independientes ni pueden sumarse entre sí.
La composición del Anexo 31 vuelve a mostrar el peso de las transferencias sociales. Para 2027, la Pensión para Adultos Mayores concentra alrededor de 30% de este Anexo, la Beca Rita Cetina 28% y la Pensión Mujeres Bienestar cerca de 12%. Los tres programas representan aproximadamente 70% del presupuesto identificado como cuidados.
La inclusión de la Pensión Mujeres Bienestar expresa además un cambio en la manera en que el Estado conceptualiza el trabajo no remunerado. Hacienda la ha descrito como una transferencia económica a mujeres en reconocimiento a su trabajo de cuidados. Ese reconocimiento incorpora al lenguaje presupuestario una actividad económica que durante décadas permaneció invisibilizada y que continúa recayendo de manera desproporcionada sobre las mujeres.
El alcance redistributivo de una política de cuidados depende también de los servicios y de la infraestructura capaces de modificar quién realiza ese trabajo y cuánto tiempo requiere. Para 2027 se reportan 19 mil millones de pesos para Servicios de guardería y mil millones para la construcción de los Centros de Educación y Cuidado Infantil, alrededor de 4% del tamaño del Anexo 31. El gobierno plantea construir 250 nuevos centros durante 2027 como parte de una meta sexenal de mil.
Esta composición permite leer los 476 mil millones de pesos del anexo con mayor precisión. La cifra refleja el conjunto de recursos que el gobierno vincula con una sociedad de cuidados, dentro del cual predominan programas de transferencias y conviven inversiones dirigidas a ampliar la provisión institucional de cuidado.
Para dimensionar el tamaño de los dos anexos dentro del presupuesto total, la gráfica siguiente muestra que frente a los 10.6 billones de pesos de gasto neto total propuesto para 2027, el Anexo 13 representa 5.98% y el Anexo 31 representa 4.47%.
Una nueva arquitectura presupuestaria
El Anexo Transversal 33, Diversidad Sexual y de Género, constituye una novedad del PPEF 2027. El proyecto entregado por Hacienda identifica 43,369 millones de pesos vinculados con la población LGBTIQ+. Antes de la presentación del paquete, el diseño preliminar contemplaba 39 programas presupuestarios y 65 acciones transversales por aproximadamente 42 mil millones.
Las acciones abarcan prevención y atención del VIH, capacitación del personal de salud, combate a la discriminación, vivienda, empleo e inclusión laboral. La creación del anexo ofrece por primera vez una herramienta presupuestaria específica para identificar y seguir los recursos asociados con las necesidades de la población de la diversidad sexual y de género.
El mismo criterio de lectura resulta útil aquí. El monto identifica recursos vinculados con estas acciones dentro de programas presupuestarios existentes y permitirá observar su evolución en los próximos años. Su relevancia institucional reside especialmente en hacer visible una dimensión que hasta ahora carecía de un instrumento presupuestario propio.
Un presupuesto que permita medir la transformación
Un presupuesto con perspectiva de género debería permitir saber cuánto cambian las políticas las condiciones que sostienen la desigualdad, desde la distribución del cuidado y la autonomía económica hasta el acceso a servicios, la protección frente a la violencia, el control de los recursos y la disponibilidad de tiempo.
El PPEF 2027 aún puede modificarse en la Cámara de Diputados. La discusión legislativa abre una oportunidad para revisar las asignaciones y, también, la manera en que México contabiliza su esfuerzo presupuestario en igualdad.
Asignar una cifra de 636 mil millones de pesos a la igualdad es un avance. Sin embargo, su composición cuenta una historia menos espectacular. Medir la igualdad exige saber cuánto de ese gasto transforma realmente la vida de las mujeres.
Los análisis de especialistas de la Universidad Iberoamericana se presentan a nuestros lectores cada 15 días en un espacio coordinado por el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.
Comentarios: pablo.cotler@ibero.mx
La autora es técnica-académica del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana