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El dictamen, avalado con 344 votos a favor, deberá ser discutido en lo particular y posteriormente debatido en el Senado.

Diputados aprueban reforma para exigir nacionalidad exclusivamente mexicana a candidatos a la Presidencia y gubernaturas

San Lázaro La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la reforma que prohíbe aspirar a la titularidad del Poder Ejecutivo a personas con doble nacionalidad. (Mario Jasso)

La Cámara de Diputados aprobó, en lo general, la reforma constitucional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar los requisitos de elegibilidad de quienes aspiren a la Presidencia de la República, las gubernaturas y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El dictamen fue avalado con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención, con lo que Morena y sus partidos aliados alcanzaron la mayoría calificada requerida para modificar la Constitución. Las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en contra.

¿Qué establece la reforma sobre la doble nacionalidad?

La reforma plantea que las personas que busquen la Presidencia de la República, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México deberán contar únicamente con la nacionalidad mexicana al momento de registrarse como candidatas.

En caso de tener otra nacionalidad, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro para participar en la elección.

También prohíbe adquirir otra nacionalidad durante el cargo

El proyecto también establece que quienes resulten electos para alguno de esos cargos no podrán adquirir una nacionalidad distinta mientras permanezcan en funciones.

La iniciativa forma parte del paquete de reformas constitucionales promovidas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

¿Qué sigue para la reforma en su trámite legislativo?

Tras su aprobación en lo general, el dictamen pasó a la discusión y votación de las reservas en lo particular en la Cámara de Diputados.

Una vez concluida esa etapa, la reforma deberá continuar el procedimiento previsto para los cambios constitucionales, que incluye su análisis en el Senado y, en caso de ser aprobada, la ratificación por la mayoría de los congresos estatales antes de su eventual entrada en vigor.

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