La Cámara de Diputados aprobó —con 344 votos a favor, 116 en contra y una abstención— un dictamen reformar los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y establecer que las y los candidatos que aspiren a la presidencia de la República, a las gubernaturas o a la jefatura de Gobierno sólo deben tener la nacionalidad mexicana.
Durante la discusión, legisladores de Morena, PT y PVEM defendieron la propuesta como una medida para garantizar una lealtad exclusiva al Estado mexicano; mientras las bancadas de oposición cuestionaron que la doble nacionalidad sea utilizada como criterio para medir la lealtad a México y advirtió que la reforma restringe derechos políticos de ciudadanos mexicanos.
La reforma se aplicará a partir del proceso electoral del 2028 y no será aplicable a quienes se encuentren ejerciendo cualquiera de los cargos mencionados.
Por Morena, la diputada Haidyd Arreola sostuvo que el debate no se limita a la nacionalidad, sino que involucra la soberanía del Estado mexicano. Señaló que quien pretenda gobernar México debe tener un compromiso exclusivo con el país.
“Si se quiere gobernar México, su compromiso debe ser exclusivo con el pueblo mexicano”, afirmó.
En el mismo sentido, el diputado Guillermo Santiago Rodríguez explicó que la modificación plantea que en caso de que los aspirantes a esos cargos cuenten con otra nacionalidad, retendrían que renunciar a ella antes de registrarse como candidatos.
Desde el PT, la diputada Irma Garay afirmó que el dictamen busca establecer reglas para garantizar que quienes aspiren a gobernar tengan un compromiso “irrenunciable” con México.
“No se puede jurar lealtad a dos banderas, ni a dos patrias. No se puede permitir que intereses extranjeros tomen las decisiones”, sostuvo.
En voz del PVEM, la diputada Ruth Silva Andraca aseguró que la reforma no busca limitar los derechos de la comunidad migrante ni cuestionar la doble nacionalidad, sino establecer reglas para los cargos de mayor responsabilidad política.
Oposición cuestiona restricción de derechos
En contraste, las y los legisladores de oposición consideraron que la soberanía no debe plantearse a partir de restringir quién puede ocupar determinados cargos públicos; además señalaron que la doble nacionalidad no determina la lealtad ni el amor por México.
El diputado del PAN, Germán Martínez, afirmó que la soberanía se protege mediante instituciones sólidas y un Estado de derecho, mientras que la diputada Paulina Rubio cuestionó que tener una sola nacionalidad sea presentado como una garantía de mayor compromiso con México.
“Hoy se le dice a la gente que es más mexicano el gobernante con una sola nacionalidad”, señaló.
La panista María Granados señaló que el problema es que, desde la perspectiva de Morena, “una persona que tiene doble nacionalidad es un peligro para la soberanía de México, sea para ejercer la presidencia de la República, la jefatura de gobierno, una gubernatura”.
Desde el PRI, el diputado César Alejandro Domínguez adelantó que se trata de una reforma que, desde su perspectiva, vulnera derechos de connacionales y utiliza la Constitución como instrumento de sanción política.
La bancada también calificó el dictamen de “discriminatorio, regresivo, incomprensible, antidemocrático, antirrepublicano y sobradamente arbitrario”.
El priista Theodoros Kalionchiz acusó que Morena confunde el patriotismo con patrioterismo e identidad con lealtad, “la lealtad a la patria no se mide con los pasaportes de una persona que guarda en su cajón, sino por la honestidad y el compromiso hacia el servicio público”.
Por Movimiento Ciudadano, la diputada Laura Hernández García sostuvo que, aunque se argumente que no existe discriminación, la propuesta implica una limitación de derechos políticos.
“La bancada naranja siempre estaremos a favor de la progresividad de derechos de las personas y bajo ninguna circunstancia de su restricción o retroceso”, señaló.
La bancada también planteó que ningún artículo de la Constitución debería convertir a un mexicano por nacimiento en un mexicano con menos derechos.
Finalmente, la diputada Patricia Flores Elizondo cuestionó que la reforma se concentre únicamente en cargos a la presidencia, gubernaturas y jefatura de Gobierno. Consideró que, si el objetivo fuera establecer una regla general de lealtad, también deberían contemplarse otros cargos públicos, como senadurías, diputaciones, secretarías de Estado y la Fiscalía General de la República.