El Senado de la República aprobó una reforma constitucional que establece la nacionalidad única como requisito para quienes aspiren a ocupar la Presidencia de México, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
La modificación no elimina la doble nacionalidad para la población en general. El cambio se concentra en quienes pretendan competir por alguno de esos cargos de elección popular.
El dictamen aprobado por el Senado establece que, cuando una persona tenga otra nacionalidad, deberá renunciar a ella antes de realizar su registro como candidata o candidato.
La medida fue presentada por Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo como una disposición vinculada con la soberanía nacional.
Durante el debate, sus integrantes sostuvieron que contar con una sola nacionalidad para quienes ocupen los principales cargos ejecutivos permitiría establecer una condición específica de lealtad al Estado mexicano.
Desde la oposición se planteó una interpretación distinta. Legisladores del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano cuestionaron que la posesión de otra nacionalidad pueda utilizarse como criterio para determinar la lealtad de una persona hacia México y señalaron las consecuencias que tendría la reforma para mexicanos con vínculos migratorios.
¿Por qué la reforma provocó un debate entre los senadores?
La discusión se concentró en la relación entre nacionalidad, ciudadanía y derecho a ser votado.
Óscar Cantón Zetina, de Morena, defendió el proyecto al señalar que no cancela nacionalidades ni elimina derechos políticos de manera general, ya que la restricción se dirige específicamente a quienes pretendan ejercer la titularidad de un Poder Ejecutivo.
Desde el PAN, Laura Esquivel Torres cuestionó que la modificación pueda transmitir un mensaje desfavorable hacia los mexicanos que emigraron y posteriormente adquirieron otra nacionalidad. Su argumento puso el acento en el derecho de los connacionales que viven fuera del país a participar plenamente en la vida política mexicana.
El priista Alejandro Moreno Cárdenas sostuvo que poseer otra nacionalidad no convierte automáticamente a una persona en adversaria de México. Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, planteó que el dictamen mezcla conceptos distintos al utilizar la nacionalidad como elemento para establecer una condición relacionada con la representación política.
En contraste, María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde, defendió la nacionalidad única para quienes aspiren a gobernar. Desde el PT, Lizeth Sánchez García sostuvo que la reforma no elimina la doble nacionalidad ni desconoce a las familias binacionales, y vinculó la medida con la protección de la soberanía.
Las diferencias también quedaron reflejadas en las reservas presentadas durante la sesión. Clemente Castañeda Hoeflich, Maki Esther Ortiz Domínguez y Manlio Fabio Beltrones Rivera propusieron modificaciones al dictamen, aunque la Asamblea las rechazó.
El Pleno avaló el proyecto con 86 votos a favor y 42 en contra, tanto en lo general como en lo particular.
¿Qué sigue después de la aprobación del Senado?
La aprobación en el Senado no significa que la reforma constitucional haya concluido su recorrido legislativo.
El proyecto fue enviado a los congresos de las entidades federativas para continuar con el procedimiento establecido para las modificaciones constitucionales. La reforma requiere el respaldo de al menos 16 Legislaturas de los Estados.
Una vez alcanzada la mayoría de legislaturas estatales, el Congreso de la Unión emite la Declaratoria de Validez Constitucional y se ordena la remisión al Ejecutivo Federal para su promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
¿Desde cuándo aplicaría la reforma sobre doble nacionalidad?
El proyecto contempla una disposición transitoria para que la nueva condición se aplique a partir de 2028.
Esto significa que la reforma no afectaría a quienes busquen una gubernatura en los comicios del próximo año, de acuerdo con el contenido proporcionado del dictamen.