Durante su intervención ante el Consejo General del INE, la Consejera Frida Gómez, sostuvo que el debate sobre las boletas sin doblez, o planchada, ha sido distorsionado y rechazó que su planteamiento tuviera como propósito beneficiar a alguna fuerza política. Aclaró, además, que el instituto no aprobó que las boletas sin doblez fueran consideradas válidas.
La consejera cuestionó que, los partidos políticos no hubieran impulsado reglas legislativas específicas para prevenir, verificar y resolver este tipo de situaciones.
“¿Por qué después de tantos años permitieron que persistiera este vacío normativo?”, planteó, al señalar que la falta de regulación genera incertidumbre jurídica para la ciudadanía y representa una responsabilidad pendiente de los partidos.
Gómez explicó que su planteamiento buscaba fortalecer las condiciones de equidad en la vigilancia de las elecciones, particularmente para los partidos con menor representación y capacidad para acreditar representantes en todas las casillas.
En ese sentido, propuso la implementación de una hoja de incidentes que permitiera documentar situaciones que generaran dudas sobre la integridad de una boleta o la forma en que se emitió el voto. La información podría revisarse posteriormente en los consejos distritales, donde participan representantes de distintas fuerzas políticas.
Según argumentó, el mecanismo habría permitido que las dudas razonables se analizaran con elementos objetivos y bajo la vigilancia de quienes tienen derecho a participar en los órganos colegiados electorales.
La funcionaria insistió en que su propuesta no consistía únicamente en determinar si una boleta podía introducirse físicamente en una urna, sino en establecer condiciones para que las posibles irregularidades fueran verificadas mediante procedimientos institucionales.
También defendió la intervención del Tribunal Electoral como parte del diseño constitucional, al considerar que las decisiones de la autoridad administrativa pueden ser revisadas por la autoridad jurisdiccional sin que ese proceso deba interpretarse como un descrédito para el INE.
“Sólo de esta manera se construye la certeza”, sostuvo al referirse a la necesidad de fortalecer los mecanismos de revisión y resolución de controversias electorales.
En otra parte de su intervención, la consejera alertó que las campañas de descrédito contra las autoridades electorales pueden convertirse en mecanismos de presión que afecten su independencia al momento de deliberar y votar.
Señaló que cuestionar las decisiones de una autoridad forma parte de la democracia, pero advirtió que desacreditar a quienes las adoptan puede derivar en intentos de inhibir la libertad de criterio.
“En esta herradura pensar distinto nunca debe convertirse en un riesgo, debe seguir siendo una expresión legítima de la democracia”, expresó ante el Consejo General.
Afirmó que el debate público y la crítica, incluso cuando son severos, son legítimos, pero estableció una distinción frente a las amenazas contra la integridad personal y familiar de quienes desempeñan funciones públicas.
Denuncia amenazas directas
La consejera reveló que en días recientes recibió amenazas graves y directas contra su integridad física, las cuales, aseguró, también se extendieron a integrantes de su familia.
Indicó que los hechos han sido documentados y que serán atendidos por las vías institucionales y legales correspondientes. Precisó que hizo pública la situación no para presentarse como víctima, sino para advertir sobre los riesgos que representa la intimidación en una sociedad democrática.
“Cuando esa intimidación está relacionada con las decisiones que una autoridad electoral adopta en el ejercicio de sus funciones, el problema deja de ser exclusivamente personal”, manifestó.
Finalmente, aseguró que las amenazas no modificarán el sentido de sus votos ni sus criterios jurídicos en los asuntos sometidos a consideración del Consejo General.
“Seguiré resolviendo los asuntos que llegan a esta mesa conforme a la Constitución, a la ley y a mis convicciones jurídicas con absoluta independencia y libertad de criterio”, afirmó.
Concluyó que la libertad para votar constituye un elemento esencial de la democracia y que debe ejercerse sin temor por la propia vida o la seguridad de la familia.