El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Giovanni Figueroa Mejía consideró que además de una reforma al Poder Judicial, también se debe valorar una segunda reforma en materia de fiscalías, y fortalecer la capacitación de todas las personas que en ellas intervienen.
“Cualquier evaluación del sistema debe partir de la capacitación”, así lo estableció al dictar la conferencia magistral “La realidad del Sistema Penal Oral, a diez años de su implementación a nivel nacional”, en la Universidad Vizcaya de las Américas.
Ante estudiantes y directivos del plantel, el magistrado Figueroa Mejía refirió que lo anterior parte, de datos del 2024, cuando con base en estos del INEGI se iniciaron dos millones 139,228 carpetas de investigación ministeriales de las cuales el 96.3% correspondió a las fiscalías estatales, y apenas el 3.7% a la federal.
Frente a ello, externó el ministro " podemos percatarnos ya, de un primer elemento a destacar: que cuando hablamos de la aplicación del sistema penal, hablamos fundamentalmente de un fenómeno estatal, no federal", estableció.
En este mismo sentido, añadió que tomando en cuenta el total de carpetas mencionadas en el año de referencia, hasta un 60.5% se procesaron sin reconocer a las personas probablemente responsables y sólo el 33.4% se le tenía identificada desde el inicio, y tenemos además, que la mayor parte de esos casos se queda en el campo de las fiscalías y no llegan a la impartición de Justicia que corresponde al Poder Judicial.
En el auditorio de la universidad, que llevará el nombre del ministro Giovanni Figueroa Mejía,
el magistrado enfatizó además que durante el año de referencia las fiscalías estatales reportaron un millón 765,337 conclusiones de investigación inicial, de las cuales el 39.9% concluyó en el archivo temporal, el 26.5% en inejercicio de la acción penal.
Por todo lo anterior, sostuvo que debido a que la gran mayoría de los casos se quedan en las fiscalías “por esta razón podemos desprender una primera conclusión:.
" Si queremos evaluar el sistema acusatorio no sólo debemos mirar al tribunal de enjuiciamiento que es oral, debemos en mayor medida poner atención en las fiscalías en ellas se concentran de manera estadística muchos de los problemas que seguimos teniendo en relación con la justicia penal".
Aseveró además, que las críticas al sistema acusatorio casi siempre suelen dirigirse al Poder Judicial judicial, " sin embargo, los datos demuestran el tamaño de la realidad que le corresponde a cada institución del Estado mexicano.
Resaltó que el funcionamiento del sistema penal acusatorio comienza en la investigación ministerial y al concluir las investigaciones de las fiscalías, están además, el control judicial, las soluciones alternas, los procedimientos abreviados y solo en una proporción menor el juicio oral.
Asimismo, sostuvo que debido a que la intervención de las fiscalías es determinante, cualquier evaluación del sistema debe prestar especial atención a la capacidad institucional de investigación.
El juicio oral, dijo, es constitucionalmente central, pero jurídicamente minoritario.
“La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha desempeñado un papel decisivo en el desarrollo y la consolidación paulatina de este sistema, sus precedentes han convertido principios a veces muy generales en estándares específicos, que rigen tanto a las autoridades judiciales como a las autoridades ministeriales.
“A 10 años de su implementación -puntualizó- la pregunta más relevante no es si México, no es si nuestro país tiene o no un sistema penal acusatorio fuerte, que esté funcionando, lo más relevante es: ¿Qué tan congruente es su operación con las razones que le dieron origen?”.
También cabría plantear, estableció, si con este nuevo sistema se han superado las deficiencias que entonces se enunciaron para hacer esta reforma, planteó.
Ante sus propios planteamientos el ministro Giovanni Figueroa Mejía confesó que él mismo no podría dar la respuesta única.
“Y no pueden depender las respuestas solo del número de juicios orales, debemos analizar el sistema en su conjunto, el sistema completo, desde la investigación hasta el juicio oral”.
Eso dijo, es uno de los más importantes desafíos que tenemos a partir de esta segunda década y considero que es lograr que las instituciones que operan el sistema tengan las capacidades necesarias para hacerlo una realidad “corresponde a cada persona desde su espacio de responsabilidad contribuir a que las intenciones que le dieron origen se cumplan”, enfatizó.