Juan Pablo Albán, presidente del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de Naciones Unidas, llamó a los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a tomar con seriedad la crisis de desapariciones en México y evitar que el tema quede atrapado en intereses políticos o diplomáticos.
Durante la presentación de su informe anual ante la Tercera Comisión de la Asamblea General, el jurista expresó su preocupación por la situación que enfrentan las víctimas y sus familias, y pidió que sus demandas de verdad, justicia y reparación sean escuchadas.
Uno de los momentos que destacó Albán fue el retiro de un grupo de víctimas de la sala donde se desarrollaba la sesión, luego de que mostraran fotografías de sus familiares desaparecidos.
El presidente del Comité calificó este hecho como profundamente lamentable y señaló que la presencia de las familias merecía respeto y atención. También consideró que lo ocurrido debe recordar a los integrantes del sistema internacional de derechos humanos a quiénes deben servir con su trabajo.
La intervención se produjo en un momento relevante para la discusión sobre las desapariciones en México, luego de que el Comité recurriera al artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas para llevar la situación del país ante la Asamblea General.
Este mecanismo permite que, cuando el Comité recibe información que contiene indicios fundados de que las desapariciones forzadas se practican de forma generalizada o sistemática en el territorio de un Estado parte, la situación pueda someterse a la consideración de la Asamblea General por conducto del secretario general de la ONU.
La decisión de utilizar este procedimiento ha generado diferencias entre el organismo internacional y el Gobierno mexicano, que ha cuestionado las conclusiones del Comité y la interpretación jurídica empleada para evaluar la situación nacional.
En su mensaje, Albán manifestó su esperanza de que la cuestión remitida a la Asamblea General no se diluya entre cálculos políticos y consideraciones diplomáticas. Subrayó que las víctimas y sus familiares merecen una conversación seria, de buena fe y orientada a conseguir resultados concretos.
El jurista insistió en que las discusiones internacionales deben considerar el sufrimiento de las personas afectadas y sus exigencias legítimas de conocer la verdad sobre lo ocurrido, acceder a la justicia y recibir reparación por los daños sufridos.
Asimismo, recordó que el mecanismo excepcional del artículo 34 fue incorporado por los propios Estados a la Convención Internacional. Por ello, expresó su confianza en que los gobiernos asuman ahora la responsabilidad de garantizar que este instrumento tenga eficacia y una aplicación práctica.
La declaración también puso énfasis en la responsabilidad de los organismos internacionales y de los gobiernos para convertir los compromisos en materia de derechos humanos en acciones que respondan a las necesidades de las víctimas.
De acuerdo con Albán, la credibilidad del sistema internacional de derechos humanos depende de su capacidad para ofrecer respuestas efectivas a quienes requieren protección y justicia.
En México, las desapariciones representan una problemática que ha movilizado a miles de familiares y colectivos de búsqueda, quienes realizan labores para localizar a sus seres queridos y exigen avances en las investigaciones.
Para estas familias, la búsqueda no solo implica conocer el paradero de las personas desaparecidas, sino también esclarecer las circunstancias de los hechos y establecer responsabilidades cuando corresponda.
La participación de las víctimas en espacios internacionales también permite visibilizar sus demandas y recordar que detrás de las cifras existen personas y familias que enfrentan incertidumbre y esperan respuestas de las autoridades.
La intervención de Juan Pablo Albán ante la Tercera Comisión de la Asamblea General abre así una nueva etapa en la discusión internacional sobre la situación de las desapariciones en México.
El reto será que el debate se traduzca en medidas concretas de cooperación, búsqueda e investigación, sin dejar de lado los derechos de las víctimas y sus familiares.
Finalmente, Albán reiteró la importancia de que los Estados cumplan con las obligaciones que asumieron al formar parte de la Convención y contribuyan a que el mecanismo internacional tenga resultados efectivos.
Su mensaje colocó en el centro de la discusión la necesidad de escuchar a las familias, respetar su dignidad y garantizar que sus exigencias de verdad, justicia y reparación sean tomadas en cuenta en las decisiones de la comunidad internacional.