En un operativo coordinado entre fuerzas federales, fue detenido Arturo Enrique “N”, identificado por las autoridades como presunto generador de violencia y operador de un grupo delictivo, quien era buscado por diversos delitos, entre ellos homicidio calificado.
La detención se llevó a cabo en las inmediaciones de la colonia Jardines de Guadalupe, en Zapopan, como resultado de labores de inteligencia, investigación, vigilancia y seguimiento que permitieron establecer la presencia del sospechoso en el municipio.
En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
De acuerdo con la información oficial, el detenido contaba con una orden de aprehensión por los delitos de homicidio calificado con ventaja y alevosía, asociación delictuosa y delitos cometidos contra miembros de las instituciones policiales del estado.
Durante la intervención, las autoridades aseguraron dos armas largas, dos cargadores, 22 cartuchos y tres vehículos.
Tras su captura, Arturo Enrique “N” fue informado de sus derechos y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con los objetos asegurados, para que se determine su situación jurídica.
Lo relacionan con homicidios en Baja California
Las autoridades señalaron que el detenido también contaba con una orden de aprehensión emitida en octubre de 2023 en Baja California por el delito de homicidio calificado.
Además, presuntamente estaría relacionado con un ataque armado contra un escolta de una exalcaldesa de Tijuana, así como con el homicidio de un exalcalde. Ambos hechos ocurrieron en mayo de 2023, según la información oficial.
La detención forma parte de las acciones coordinadas del Gabinete de Seguridad para ejecutar mandamientos judiciales, combatir las actividades delictivas y fortalecer las condiciones de seguridad para la población.
La situación legal del detenido será determinada por las autoridades ministeriales y judiciales correspondientes.