En México el acceso a internet y a los servicios financieros se ha extendido considerablemente. Alrededor del 86% de la población utiliza internet y el 76% de los adultos dispone de algún producto financiero formal. A pesar de ello, el efectivo continúa siendo el medio de pago predominante. ¿Por qué ocurre esto? ¿Se debe a que los consumidores prefieren pagar en efectivo, a que los negocios no aceptan alternativas digitales o a que ambos han terminado adaptándose a las decisiones del otro?
La persistencia del efectivo no parece obedecer exclusivamente a la falta de infraestructura tecnológica. México cuenta desde hace dos décadas con un sistema para hacer transferencias electrónicas (SPEI) que permite realizar operaciones inmediatas entre instituciones financieras. Sin embargo, su expansión no ha logrado desplazar al efectivo en los pagos cotidianos.
Además, ante las oportunidades que ofrecía la expansión de la telefonía móvil, desde principios de la década pasada diversas instituciones privadas comenzaron a desarrollar aplicaciones y monederos electrónicos que permitían realizar transferencias y pagos desde el celular. Sin embargo, tampoco no lograron desplazar significativamente al efectivo en las transacciones cotidianas. Posteriormente, entre 2019 y 2023, el Banco de México impulsó dos mecanismos de pago orientados a facilitar las operaciones digitales. El CoDi utiliza la plataforma del SPEI para hacer pagos instantáneos, entre otros medios, mediante códigos QR. El DiMo permite enviar dinero a otro usuario usando como identificador el número de celular del destinatario vinculado a una cuenta bancaria. Pese al tiempo transcurrido desde sus respectivos lanzamientos, los resultados han sido modestos. Para octubre de 2026, menos de tres millones de cuentas habían efectuado algún pago mediante CoDi. En cuanto a DiMo, durante los primeros nueve meses de 2025 se registraron poco menos de dos millones de operaciones.
La experiencia mexicana contrasta con lo ocurrido en Brasil y en el Perú, países donde la actividad informal también representa una proporción importante del PIB y que, sin embargo, han logrado una adopción mucho más amplia de los pagos digitales. En 2020, el Banco Central de Brasil puso en operación un sistema de pagos instantáneos (Pix) que reunió en una misma plataforma funciones semejantes a las de CoDi y DiMo. En enero de 2026 se efectuaron más de 7,000 millones de operaciones y más de 170 millones de personas ya habían utilizado el sistema. Ha sido tal su éxito que ya forma parte del vocabulario cotidiano: “has un Pix” o “mándame un Pix”. En el Perú, Yape, una iniciativa del principal banco privado del país, también ha conseguido una importante expansión. Al cierre de 2025 contaba con cerca de 16 millones de usuarios activos mensuales (casi la mitad de la población), con un promedio de 66 transacciones al mes por usuario activo. Al igual que en Brasil, el nombre Yape, derivado de la expresión coloquial “¡ya pues!”, ha pasado a formar parte del vocabulario cotidiano. “Yapéame”, “te yapeo” o “ya te yapeé” son expresiones habituales para referirse al acto de enviar dinero. Que los nombres de estos sistemas se hayan incorporado al lenguaje cotidiano refleja la intensidad de su uso. No he escuchado a nadie utilizar las palabras DiMo o CoDi de manera semejante.
Seguramente existen diversas razones que explican esta divergencia de resultados. Una de ellas podría relacionarse con la respuesta gubernamental frente a la pandemia. Durante 2020, tanto Brasil como Perú pusieron en marcha programas de transferencias monetarias para apoyar a la población más vulnerable. Las aglomeraciones en las sucursales bancarias y los riesgos sanitarios asociados a la entrega presencial incentivaron la utilización de mecanismos digitales. En Brasil, las ayudas de emergencia se distribuyeron, entre otros medios, a través de cuentas digitales de una institución financiera del Estado, lo que contribuyó a familiarizar a la población con los servicios financieros digitales. Sin embargo, el impulso decisivo provino de Pix. Este fue concebido como un sistema de pagos inmediato, gratuito para las personas físicas en sus usos habituales e interoperable entre instituciones financieras para lo cual el Banco Central exigió la participación de las principales instituciones, facilitando su adopción a gran escala.
En el Perú, desde noviembre de 2020, el gobierno permitió cobrar el Bono Familiar Universal mediante distintas billeteras digitales. Sin embargo, el impulso fundamental que dio lugar al uso masivo de las billeteras provino de la expansión de Yape, un sistema de pagos instantáneos que comenzó a operar antes de la pandemia y que facilitó las transferencias y los pagos mediante teléfonos celulares, sin necesidad de que el destinatario contara con una cuenta. Su facilidad de uso, gratuidad para las transferencias y posibilidad de incorporar usuarios sin cuenta bancaria favorecieron su rápida adopción. Posteriormente, la interoperabilidad impulsada por el Banco Central de Reserva del Perú, a partir de 2023, amplió las posibilidades de realizar pagos entre distintas plataformas. A medida que aumentaba el número de usuarios, también crecía el interés de los comercios por aceptar estos pagos, generando incentivos que se reforzaban mutuamente.
La experiencia de ambos países no consistió en obligar a los consumidores a realizar sus compras digitalmente ni en convertir estos instrumentos en mecanismos explícitos de fiscalización. Ello no significa que la intervención pública fuera innecesaria. En Brasil, el Banco Central impulsó directamente el desarrollo de Pix y estableció requisitos de participación para las principales instituciones financieras. En el Perú, el Banco Central promovió posteriormente la interoperabilidad entre las billeteras digitales de distintos bancos. A su vez, la creciente aceptación de estos medios de pago por taxistas, comerciantes, talleres mecánicos y vendedores ambulantes, muchos de ellos pertenecientes al sector informal, contribuyó decisivamente a su expansión.
Es en este contexto que debe analizarse la ley recientemente aprobada por el Congreso de México para impulsar los pagos digitales. El razonamiento detrás de una medida de esta naturaleza es que, si los establecimientos están obligados a aceptar alternativas al efectivo, los consumidores encontrarán mayores oportunidades para utilizarlas. Conforme aumente su uso, los negocios podrían descubrir sus ventajas y los pagos digitales terminarían convirtiéndose en una práctica habitual.
En otras palabras, la ley buscaría resolver mediante una obligación el problema de coordinación que las iniciativas existentes no han conseguido superar. Es una posibilidad que no debe descartarse. Sin embargo, tengo dudas de que esta obligación sea suficiente para modificar las preferencias de consumidores y establecimientos. La aceptación obligatoria amplía las oportunidades para realizar pagos digitales, pero no garantiza que resulten más atractivos que el efectivo. La legislación también contempla la posibilidad de que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público determine actividades en las que los pagos digitales sean la única modalidad permitida. Habrá que ver si esta disposición termina fomentando el uso de medios digitales o, por el contrario, propicia nuevas prácticas informales para eludirla. En cualquier caso, para conseguir una adopción permanente, los beneficios que obtienen consumidores y establecimientos deben superar los costos que enfrentan al utilizar instrumentos alternativos al efectivo.
Para un pequeño negocio, estos costos pueden incluir comisiones por transacción, gastos de conectividad, dificultades para administrar las operaciones, errores en la utilización de las aplicaciones y los inconvenientes derivados de fallas tecnológicas. La importancia de estos costos dependerá de las características del negocio, particularmente de sus márgenes de rentabilidad y su capacidad administrativa. Por su parte, algunos consumidores pueden enfrentar dificultades asociadas al acceso y uso de las cuentas, a su poca familiaridad con las aplicaciones y a la desconfianza hacia las instituciones financieras y los productos que ofrecen.
Aunado a lo anterior, los beneficios deben compensar los incentivos para operar en la informalidad. Si vendedores y compradores prefieren utilizar efectivo porque les permite ocultar parte de sus ingresos o transacciones, la aceptación obligatoria de medios digitales difícilmente modificará esas preferencias y podría generar mecanismos para eludir la regulación. Por ejemplo, un establecimiento podría anunciar que acepta pagos digitales, pero seguir alentando el pago en efectivo mediante descuentos o desincentivos al uso de medios electrónicos. De igual manera otro establecimiento podría aceptar efectivo y posteriormente efectuar un pago digital mediante una cuenta administrada por el propio negocio. En ambos casos, el cumplimiento formal de la obligación no se traduciría necesariamente en un cambio sustancial de los hábitos de pago.
Reducir el uso del efectivo mediante una ley es posible. Conseguir que los pagos digitales se conviertan en una alternativa genuinamente atractiva y ampliamente utilizada es un desafío mucho más complejo. Las experiencias de Brasil y Perú sugieren que el cambio no depende solamente de imponer obligaciones, sino de generar incentivos para que consumidores y establecimientos encuentren ventajas en abandonar el efectivo. Es esta diferencia la que parece estar subestimando la autoridad.
Los análisis de especialistas de la Universidad Iberoamericana se presentan a nuestros lectores cada 15 días en un espacio coordinado por el Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.
Comentarios: pablo.cotler@ibero.mx
El Autor es profesor-investigador del Departamento de Economía.